Las Tunas.- No se necesita demasiada información para saber que los precios en Cuba, y también en nuestra localidad, no han dejado de subir, por lo menos, en el último quinquenio. Aunque los expertos aseguran que es un asunto complejo que estaba ocurriendo desde mucho antes, el común de la gente aquí comenzó a notarlo desde mediados del 2022, y parece inclinado a seleccionar a unos pocos culpables. ¿Quién tiene la razón? Ya veremos; lo que sí está claro es que nos levantamos cada día con productos y servicios más encarecidos.
SE INFLAN, SE INFLAN…
En junio de este año, Las Tunas no era la provincia más cara, pero las tarifas de surtidos como el ajo y la leche en polvo superaban el promedio nacional, dijo la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en su informe mensual sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC). Ese indicador mide cómo cambian, en promedio, los importes de los bienes y servicios que las personas suelen comprar, como alimentos, transporte, vivienda, educación y salud, entre otros.
Para su IPC, la ONEI evalúa las cotizaciones de 298 artículos, que representan más del 90 por ciento del gasto de los hogares cubanos. Es un grupo de productos alimenticios de primera necesidad, en una muestra que abarca mercados diversos. La mayoría de los establecimientos visitados, dos tercios del total, son del sector no estatal.
La propia fuente señaló que otros renglones muy estimados por los consumidores como las carnes y los granos siguen la tendencia del país, pero con menor volatilidad. Esos guarismos revelaron, además, que la nuestra es la provincia donde se vendían más caros rubros como el frijol colorado, el arroz o la carne de cerdo, que se colocaban por encima del resto de la zona oriental.
Hurgando más en los datos de la ONEI se nota que el alza de los precios en Cuba, o sea nuestra inflación, habría alcanzado su pico en el 2023, al punto de que en varios meses de ese calendario esos incrementos fueron hasta de un 40 por ciento. Luego, entre 2024-2025 tuvo una desaceleración gradual; lo que no significa que esté disminuyendo, sino que crece a un ritmo más lento. De hecho, entre mayo y junio de este año mostró síntomas de estancamiento.
Carlos Lage Codorniú, economista, y actualmente funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explicaba en un debate convocado al efecto por la revista Temas que para que haya inflación en una economía, no importa su signo político, tienen que combinarse tres causas fundamentales: problemas de demanda, básicamente mucho dinero para la misma cantidad de surtidos; presiones de costos, pues los empresarios ante la disyuntiva de incrementar el precio o renunciar al margen de beneficio, a menudo optan por lo primero para mantener sus ganancias; y presiones de expectativas, o sea, productores en general, pero también los consumidores, que al sentir que los importes crecerán tienden a adelantarse para protegerse de ese escenario.
En la Mayor de las Antillas, sentenció Lage Codorniú, aplican todas esas causas, insistiendo en que la inflación responde tanto a fenómenos coyunturales como a distorsiones acumuladas en décadas.
En el propio foro, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana Rafael Montero añadía que hay elementos estructurales en nuestro país que empujan hacia arriba los precios, como la depresión de la producción de alimentos y el comercio exterior, que es decisivo por nuestra alta dependencia de las importaciones.
Contrario a los juicios expresados, sobre todo en nuestros perfiles de las redes sociales, que tienden a responsabilizar por la inflación actual solo al ordenamiento monetario del 2021, el también titular de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios señalaba que la supresión del peso cubano convertible en realidad destapó procesos ocultos. Por lo menos desde el 2008 los temas inflacionarios comenzaban a pesar en la economía cubana, aseguró.
A su lado, en el panel convocado por la prestigiosa Temas, Aldo Álvarez, jurista de formación y socio principal de la empresa privada Mercatoria, aportaba detalles relevantes. Por las sanciones contra Cuba, dijo, más de 90 instituciones financieras abandonaron la nación en los últimos años; al tiempo que crecieron los impagos a proveedores y socios comerciales que operaban aquí. Todo lo cual imprime grados comparativamente más altos que en otros lares de incertidumbre y, en consecuencia, impulsa hacia arriba lo que se vende en suelo cubano, explicó.
También, añadía, hay limitaciones internas como la “disimilitud de monedas, de tipos de cambio, de formas de pago, de círculos de financiamiento cerrados, abiertos, con una incapacidad del sistema bancario, por varias razones, de poder procesar los pagos, con intermediarios financieros y con soluciones arriesgadas y complejas para problemas simples”.
Por su parte, advertía el economista Oscar Fernández que en medio de la crisis pospandemia de la covid-19, que coincidió a su vez con el ordenamiento monetario, desapareció una economía que de manera artificial mantenía los precios y los salarios aceptablemente cerca unos de otros; en especial, porque el Estado tenía la capacidad financiera para monopolizar el comercio exterior.
Pero, explicaba Fernández, al perder peso el Estado en cuanto a la oferta de los bienes importados y aparecer los privados -generalizándose condiciones de mercado-, el poder adquisitivo de los salarios, ya de por sí deprimido, terminó por desplomarse. Es, aclaró, una situación que “no tiene absolutamente nada que ver con la mala intención de ningún actor en específico”.
A lo anterior, añádase otro agravante que varios analistas alertan: la pérdida de reputación del sistema financiero público, resultado de un ordenamiento monetario y campaña de bancarización incompletos, que en la práctica no acercan a los actores económicos a las operaciones bancarias. No es un asunto menor, porque priva al Estado de herramientas para gestionar su política monetaria y, con la agilidad de otros países, poder desde ahí influir indirectamente en la inflación.
¿UN SOLO CULPABLE?
Le preguntamos a nuestro público sobre cuáles eran las causas de que en Las Tunas no bajen los precios, sobre todo de los alimentos.
La opción más votada reflejó una percepción en la ciudadanía de que la escasez de artículos locales sería el principal factor que sostiene el alza de las cotizaciones; lo que sugiere una preocupación por la dependencia de importaciones o la incapacidad de la industria nacional para cubrir la demanda.
Asimismo, que el “descontrol estatal sobre los precios” fuera otra de las más señaladas indica que aquí se vincula a la inflación con fallas en la regulación gubernamental. El sondeo arrojó, además, una división entre quienes critican al sector privado y aquellos que señalan problemas estructurales como los ingresos insuficientes.
¿Qué hay con elementos como el bloqueo económico estadounidense, advertido, incluso, por los empresarios privados? Estuvo entre las opciones menos votadas, lo que sugiere que los encuestados priorizan las causas internas sobre las externas.
Podría intuirse entonces que la población tunera percibe que la inflación se debe principalmente a dilemas de alcance nacional como la oferta insuficiente y el descontrol estatal, por citar dos. Primaría una visión crítica hacia la gestión económica local y la capacidad productiva, aunque también hay un reconocimiento de la influencia del sector privado y las políticas salariales.
¿POR DÓNDE EMPEZAR?
La inflación es multicausal, pero los resultados de nuestra encuesta indican que los hijos del Balcón de Oriente serían más receptivos a explicaciones concretas vinculadas a su realidad cotidiana; por ejemplo, la dificultad para acceder a mercancías nacionales.
Esto podría interpretarse como un llamado a acciones específicas, al estilo de estimular la producción local o ajustar controles estatales. De igual modo, traslucen cierta desconfianza hacia discursos que diluyen responsabilidades al atribuir la inflación, por ejemplo, únicamente al bloqueo. El que haya sido la minoría quien seleccionó a todas las causas propuestas no niega la multicausalidad; dice que la mayoría prefiere señalar a las tangibles y directas, lo que refleja un reclamo por soluciones focalizadas.
En las últimas semanas, los análisis de las principales autoridades políticas y de Gobierno en la provincia parecen responder a ese parecer de la ciudadanía, pues pretenden establecer cotizaciones de los productos agropecuarios, incluidos dentro de las prerrogativas de los gobiernos locales, que respondan tanto a las aspiraciones de los campesinos como a la capacidad de los consumidores.
“El análisis debe ser flexible, pero constante”, dijo el primer secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, en la más reciente reunión del Comité Provincial de Concertación de Precios, tras fustigar la superficialidad en los estudios que derivaron en las tarifas actuales.
No se está siendo totalmente serio en la definición de las fichas de costo, alertó Lorenzo Rodríguez. ¿Cómo es posible que se establezca un precio sobre la base de gastos que en realidad no se hacen o de rendimientos agrícolas que no se obtienen?, se preguntaba el dirigente partidista.
Más eficientes controles y definiciones de los importes irían en consonancia con una apuesta por el golpe de oferta, el cual no tendría todo el efecto deseado, dicen los economistas, si no se amplían las posibilidades de la importación, eliminando las trabas que le posibiliten a la producción nacional estatal participar también.
Independientemente de la percepción popular, la inflación bebe de múltiples cauces; y si a corto plazo pudiera ser exitoso complacer el reclamo del soberano, el pueblo, acometiendo acciones sectoriales como las ya descritas, en el mediano y largo plazo, si no desaparecen o se mitigan otras de las fuentes inflacionarias, ese efecto positivo de las medidas parciales terminaría siendo coyuntural, volviéndose en contra de sus promotores.
Hoy, indican los expertos, Cuba no tiene un déficit fiscal controlado, carece de mercado cambiario oficial sostenible, y el Estado ha tenido, por los efectos de la crisis, que ceder en su otrora monopolio del comercio interior.
En el último año, el Estado cubano, y también el Gobierno tunero, tuvieron cierto éxito controlando el gasto público y, por ende, reduciendo el déficit fiscal. Eso es algo bueno y que en cierta medida ralentizó el alza de las tarifas, como demuestran las estadísticas. No se puede negar el positivo impacto que tendría si funcionara la actual ofensiva por precios topes más coherentes y contra las cotizaciones abusivas y especulativas.
No obstante, tal cual señalan los académicos, estos pasos carecerán de repercusiones sostenibles si, en paralelo, no se fomenta la producción y la oferta, sobre todo de los alimentos; y se solucionan, al menos en el mediano plazo, las falencias estructurales de la economía nacional.
