Las Tunas.- Con apenas rebasada una quinta parte de toda su tarea, el ejercicio de control al uso, tenencia y explotación de la tierra, el ganado mayor y los tractores, en la provincia, ya se muestra como la oportunidad de crear un ambiente de mayor legalidad en uno de los aspectos más importantes dentro de la producción de alimentos en este territorio. Así lo confirmaron representantes de los diferentes organismos encargados de realizarlo.
La investigación sobre el ganado comenzó en marzo pasado y concluirá en mayo y, como el caso del resto de las aristas, es coordinada por la Delegación aquí del Ministerio de la Agricultura (Minag) e involucra, entre otros, a las empresas y bases productivas de ese sector; así como a las representaciones en suelo tunero del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, de la Fiscalía General de la República y del Ministerio del Interior.
Tal cual anunciaron en su momento directivos del Minag, se pretende transparentar qué está ocurriendo en realidad con la ganadería en el país. Para ello, solo en Las Tunas se sondearán unos 13 mil 601 propietarios, a quienes se les recaba información sobre la cantidad exacta de los ejemplares en su poder y de las condiciones de infraestructura para su manejo.
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Avanza ejercicio de control a la tierra y el ganado mayor
Aunque lejos de ser concluyentes, los primeros datos revelan una diferencia negativa entre la masa ganadera asentada en los registros y la verdaderamente existente en los potreros, sin documentos que avalen de manera apropiada las razones de ese faltante. También afloran conversiones atrasadas, nacimientos no debidamente registrados, animales sin identificar y compra-ventas ilegales.
Otras de las señales, igualmente incipientes, detectadas por los especialistas es el incremento de las muertes vacunas certificadas con respecto a igual lapso del año anterior, pero en animales con condiciones favorables de tenencia y en categorías en las cuales normalmente no ocurrirían.
Asimismo, la investigación está sacando a la luz la existencia sin la documentación requerida de viviendas y otros inmuebles, como cuartos de guardar instrumentos, ranchones o corraletas.
Paralelamente, la Fiscalía evalúa cuáles de las violaciones encontradas tipificarían ante la Ley como conductas delictivas, entre ellas el incumplimiento del deber de denunciar o la simulación de delitos; y también la responsabilidad penal que suponen esos u otros procederes descubiertos, tanto para los autores como para los partícipes o los cómplices.
Sin embargo, representativos de las entidades y órganos que toman parte en el estudio refirieron a 26 que ya se aprecian efectos positivos de una iniciativa informada a los involucrados con varios meses de antelación a su inicio.
Entre esas repercusiones alentadoras figura la contratación más objetiva entre los criadores y la industria o los comercializadores estatales, pues a los compromisos pactados entre ambas partes se le añadieron ya 30 mil 170 litros de leche, 27 toneladas de carne vacuna y 142 toneladas de productos agrícolas.
Hacia lo interno convinieron en que está revirtiéndose en una mejora en la dinámica, la operatividad e, incluso, en la restructuración del trabajo de quienes asumen el encargo estatal de velar por el desarrollo y la seguridad de la ganadería en el Balcón del Oriente Cubano.
Al unísono, los investigadores han advertido que vacíos o imprecisiones en las normas existentes propician muchas conductas encontradas, abriendo así la ventana hacia la necesaria actualización de la legislación vigente para este ámbito.
Toda la información que se colecta ahora, concluyeron, será muy valiosa en el establecimiento de estrategias para la ganadería tunera más precisas, efectivamente multisectoriales, y a tono con las condiciones específicas de cada municipio o de consejo popular.
