
El proyecto busca aprovechar las capacidades comerciales para acercar a las comunidades alimentos y productos de aseo de primera necesidad a precios minoristas un 15 por ciento inferiores a los existentes en otros segmentos del mercado
El mercado de barrio es una experiencia que comienza a extenderse hoy en Cuba, impulsada por las transformaciones económicas y sociales del país para propiciar que los productos destinados a la población tengan precios más bajos.
El proyecto busca aprovechar las capacidades comerciales para acercar a las comunidades alimentos y productos de aseo de primera necesidad a precios minoristas un 15 por ciento inferiores a los existentes en otros segmentos del mercado, según publicó el diario Granma.
La directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, Marpessa Portal de Villiers, explicó al periódico que para conformar esta red se seleccionaron establecimientos de la actual infraestructura comercial, entre bodegas, mercados y carnicerías.
La ubicación, las condiciones de los inmuebles, la densidad poblacional y las necesidades de cada territorio figuran entre los criterios considerados.
Dicho modelo incorpora incentivos para reducir los costos de funcionamiento, como la exoneración del 10 por ciento del impuesto sobre las ventas mayoristas y del cinco por ciento sobre las ventas minoristas, además del pago por arrendamiento durante un periodo de dos a tres años.
Los beneficios están asociados a una nomenclatura priorizada que incluye arroz, granos, azúcar, aceite, pastas alimenticias, cárnicos, pescado, huevos, lácteos, café, conservas de tomate, jabones, detergente, crema dental y desodorantes.
Las ventas se realizan en pesos cubanos y se debe garantizar canales electrónicos de pago, además de incorporar servicios como mensajería y preempaque de productos.
La producción nacional de arroz, granos, cárnicos y lácteos, entre otros renglones, están entre las fuentes previstas de abastecimiento, junto con los mercados de abasto que comenzarán próximamente sus operaciones en varias provincias.
También, el modelo contempla la participación de formas de gestión no estatal, tanto para el suministro de mercancías como la administración de establecimientos, de manera individual o asociada con otros actores económicos.
Lo anterior no implica transferir la propiedad del inmueble, pues los locales continúan perteneciendo a la empresa estatal, mientras los medios existentes pueden ser arrendados o vendidos al gestor, según sus características y necesidades.
Como parte de la dimensión social del proyecto se contempla la venta controlada de determinados productos a grupos diferenciados, entre ellos embarazadas, niños y adultos mayores.

