Brasilia.- La comisión parlamentaria (CPI) que examinó la gestión antiCovid-19 del gobierno de Jair Bolsonaro entregará hoy al fiscal general, Augusto Aras, el informe final de su investigación en la cual se acusa al presidente brasileño.
También está prevista en los próximos días la remisión del documento al titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, al del Senado, Rodrigo Pacheco, y a los ministerios públicos de Río de Janeiro y Sao Paulo.
Aprueban en Brasil informe que acusa a Bolsonaro de crímenes
El dictamen se enviará, asimismo, al Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Aprobado la víspera por siete votos frente a cuatro, el texto desmenuza en cerca de mil 300 páginas el resultado de 69 reuniones de la CPI durante seis meses sobre el desempeño gubernamental frente a la Covid-19 que cobró más de 606 mil muertes y contagió a cerca de 22 millones en el país.
La junta de 11 senadores verificó en más de 400 horas de audiencias graves anomalías que la indujeron además a enunciar nueve imputaciones contra Bolsonaro, entre ellas, la de crimen contra la humanidad.
También otras denuncias se enfilan contra tres de los hijos del gobernante de tendencia ultraderechista, ministros, exministros, diputados federales, médicos, empresarios y el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima.
Dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Sanidad (Precisa Medicamentos y VTCLog) fueron además consideradas responsables. En total 78 personas y ambas compañías aparecen en el contenido conclusivo de la CPI.
Tras proclamar el resultado de la votación del informe, el presidente de la comisión, Omar Aziz, atendió una solicitud de la senadora Eliziane Gama y pidió un minuto de silencio por las víctimas del patógeno.
La aprobación del documento ocurrió este martes tras más de siete horas de debate, con dos recesos.
Senadores aliados a Bolsonaro refutaron la tesis de que el mandatario era responsable del agravamiento de la pandemia en Brasil y presentaron votos particulares en los que pidieron la indagación sobre la actuación de gobernadores y alcaldes.
El informe solicita por otra parte que la abogacía del Senado pida la 'interrupción inmediata de la continuidad delictiva' a través de la retirada de Bolsonaro de todas las redes sociales para la 'protección de la población brasileña'.
Para el senador Alessandro Vieira, es cierto que el exmilitar no creó la Covid-19, pero 'igual de evidente' que el jefe de Estado se esforzó diáfanamente por acelerar la propagación del virus.
''Es una acción consciente y confesada. Si no me equivoco, hay más de 200 videos adjuntos a los expedientes en los que el presidente de la República, de forma metódica, ensayada, preparada, organizada, utilizando las herramientas del Estado, hizo que los brasileños se protegieran menos'', denunció Vieira.
