Las Tunas.- Por fin conocemos con exactitud el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que representa, sin dudas, un esfuerzo técnicamente fundamentado de nuestras autoridades por sacar al país de la severa crisis en la que se encuentra. Ahora tenemos la oportunidad de expresar nuestro parecer. No obstante, hay cuestiones específicas que modifican sustancialmente el carácter de esta consulta.
ARQUITECTURA DE LO AMBICIOSO
El Programa se estructura sobre 10 objetivos generales interconectados, desglosados en 106 propósitos específicos y 342 acciones concretas. Su columna vertebral descansa en 264 indicadores y metas cuantificables con los que se espera medir el progreso de manera objetiva.
Sus ejes principales abarcan desde la estabilización macroeconómica, quizás lo más mencionado hasta hoy, con medidas fiscales, monetarias y cambiarias para reducir la inflación y el déficit fiscal; hasta el incremento de la producción nacional, con énfasis en los alimentos, otro tema recurrente en las intervenciones públicas de la dirección política y gubernamental, tanto a nivel nacional como provincial. Asimismo, la transformación de la empresa estatal socialista y la gestión estratégica del desarrollo territorial completan sus pilares productivos.
Uno de los aspectos más controversiales lo constituye el reconocimiento explícito de la “dolarización parcial de la economía”, que implica la convivencia del peso cubano con el dólar estadounidense en un “nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas”. También establece como tarea estratégica “recuperar la convertibilidad de la moneda nacional”.
Este no es un dato menor, pues en los debates de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, trazados en el Sexto Congreso del Partido, se estableció el propósito de transitar hacia un predominio del peso cubano sobre las monedas extranjeras, sobre todo del llamado billete verde. Empero, en la actualidad es evidente que esa aspiración quedó sepultada por la crudeza de los acontecimientos posteriores.
Sin embargo, no nos encontramos ante una propuesta de lo que está completamente “por hacer”, como en su momento ocurrió con los propios lineamientos o la conceptualización de nuestro modelo socialista. Tenemos ante nosotros algo que se encuentra “en pleno desarrollo”, como diría un memorable periodista.
Recordemos que las bases y líneas generales de este Programa se anunciaron desde finales del 2023, aunque se mencionó con mayor formalidad a inicios del 2024, cuando ascendió al discurso oficial el propósito de “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
Aunque la opinión pública no tuvo acceso a los detalles, las estructuras de Gobierno en sus diferentes niveles habrían comenzado a trabajar desde entonces, a partir de las directrices de algo de lo que, 18 meses después, conocemos sus interioridades más precisas.
Por ende, este es un Programa en ejecución y así, considero, es necesario interpretarlo. Eso incluye sus resultados, cualesquiera que estos sean. ¿Es posible hacerlo?
Al parecer sí, pues a mediados de este año, ante la Asamblea Nacional, la nueva dirección del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) hizo una evaluación del cumplimiento de las directrices indicadas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
Un par de meses después, el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana retomó sus informes sobre el desempeño económico doméstico, examen que supuso la revisión de una estrategia oficial tácitamente declarada. De manera que, mediante uno y otro, podríamos tener cierta idea de si lo que leemos en la recta final del 2025 ha funcionado o no.
AVANCES, ESTANCAMIENTO Y RETROCESOS
El cruce de los análisis referidos revela una realidad dura: los retrocesos superan ampliamente los avances, pese al diseño meticuloso del Programa.
Solo tres frentes muestran progresos tangibles. El más significativo es la expansión de los actores económicos no estatales, aunque el propio MEP reconoció ante el Legislativo que se concentran demasiado en servicios y comercio, cuando lo deseable sería que lo hicieran en la producción de bienes materiales, preferentemente sustitutivos de importaciones.
El control inflacionario se perfila como otro hecho positivo medible, pues, si bien los precios siguen subiendo, lo hacen a un ritmo más lento. Además, están en marcha esquemas de autofinanciamiento en divisas, que representan un mecanismo promisorio para reactivar exportaciones, aunque su impacto aún es limitado.
Sin ser expertos, ya sabíamos que áreas vitales para cualquier recuperación presentan una situación preocupante: el Sistema Electroenergético Nacional, señalado en el objetivo general número 9, según datos oficiales mantenía una generación inferior a la del 2024, con las fuentes renovables representando solo el 6,4 por ciento de la matriz energética. Los apagones cotidianos continúan estrangulando la actividad productiva, contradiciendo las frondosas metas de recuperación en la generación distribuida.
La producción azucarera, colocada como parte esencial del objetivo de incrementar la producción nacional, cerró con las peores cifras desde finales del siglo XIX y con solo la mitad de la siembra de caña cumplida. La transformación de la empresa estatal socialista, por su parte, a mediados del calendario en curso exhibía signos de estancamiento, según advertía el CEEC.
Las cifras globales exhiben un panorama desolador. La economía cubana es hoy un 11 por ciento más pequeña que hace cinco años, con el Producto Interno Bruto contrayéndose. Las actividades primarias -agricultura, ganadería y minería-, según el MEP y el análisis académico, registran una caída catastrófica del 53 por ciento.
El sector externo, clave para cualquier reactivación por su interacción con los mercados foráneos, transita por senderos negativos, coinciden ambos sondeos: las exportaciones de bienes se cumplieron en un porcentaje incluso inferior al del 2024, que ya era de por sí alarmante por no alcanzar las cifras previstas entonces. El turismo, por ejemplo, no solo registró menos visitantes, sino también menos ingresos.
El deterioro social completa este cuadro desfavorable. La mortalidad infantil aumentó, se identificaron 182 mil 506 familias en situación de vulnerabilidad y más de 313 mil personas permanecen desvinculadas del estudio y del trabajo, afectando el objetivo de “consolidar y desarrollar las políticas sociales”.
UN BALANCE QUE DUELE
El Programa de Gobierno luce técnicamente sólido en su diseño, pero esto no niega la actual tendencia contractiva de la economía cubana. Los avances existen, quizás en el ámbito presupuestario; sin embargo, son insuficientes frente a la magnitud de la crisis y las aspiraciones de la ciudadanía.
Tampoco sería completamente objetivo en la reflexión si no se advirtiera que su implementación ha enfrentado factores externos recrudecidos, bloqueo y persecución financiera, junto a problemas estructurales no resueltos como la ineficiencia estatal y la baja productividad. De hecho, el propio presidente Miguel Díaz-Canel señaló en esa sesión de medio año de la Asamblea Nacional que “los ingresos actuales del país son insuficientes” para financiar la recuperación.
El diagnóstico de los académicos de la Universidad de La Habana resulta aleccionador, al afirmar que: “Es altamente probable que la economía vuelva a contraerse”. Esto podría conducirnos a esperar, no sin cierta razón, que el Programa de Gobierno, a pesar de su coherencia técnica y ambicioso alcance, esté condenado a gestionar la crisis sin poder superarla. Mientras, la economía cubana continuaría inmersa en una espiral contractiva, que afecta cada vez más el bienestar de la población y posterga los objetivos de desarrollo previstos en el propio documento.
POLÍTICA ECONÓMICA Y OPACIDAD COMO LASTRE
Como bien señaló Díaz-Canel en julio del 2024, el Programa debía darse a conocer “para que sea verdaderamente apoyado con participación y control popular”. Esta afirmación, recogida en el propio texto, contrasta con la realidad de una implementación opaca, que limitó hasta ahora, precisamente, esa participación ciudadana.
Este retraso comunicacional ha tenido consecuencias concretas y no buenas. Primero, limitó la capacidad de los actores económicos, estatales o no, para alinearse con los objetivos del Programa. Segundo, entorpeció la rendición de cuentas sobre el avance real de las 342 acciones. Tercero, enfrenta a sus autores ante esta pregunta, si el Programa es tan sólido técnicamente como parece, ¿por qué se dilató tanto su divulgación pública? La respuesta, más allá de consideraciones económicas, encierra claves políticas, que inciden en la credibilidad de todo el proceso e impactan en sus posibilidades de éxito en un contexto ya de por sí extremadamente adverso.
El reconocimiento de la “dolarización parcial de la economía” y la meta de “recuperar la convertibilidad de la moneda nacional” evidencian que los técnicos entendieron el problema desde un ángulo puramente económico, llegando a plantear medidas nacidas de esa racionalidad, como eliminar gradualmente subsidios a productos para sustituirlos por subsidios a personas necesitadas, junto con la “actualización”, léase aumento, de tarifas eléctricas, de agua, transporte y combustibles.
En su momento, la mera posibilidad de que eso ocurriera suscitó tal reacción en la opinión pública, expresada también por los parlamentarios cubanos, que no se volvió a hablar de su eventual aplicación… hasta ahora.
Colocarlo sobre la agenda pública suena a un intento por romper el círculo vicioso de que, sin los ajustes necesarios, la economía cubana continuará su contracción; pero, con los ajustes, se arriesga a una explosión social.
Esperemos, sin embargo, que se hayan tomado las lecciones correspondientes de lo que puede significar para la Revolución la aplicación de una medida de corte análogo, pero mal gestionada desde el ángulo de la comunicación política, como lo fue a mediados del año pasado la entrada en vigor de las nuevas reglas para la recarga del saldo de las líneas móviles privadas y el acceso a Internet desde estas. En aquel instante, en última instancia, se socavó la credibilidad de la institucionalidad revolucionaria, expresada en la innecesaria soledad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) ante una medida que la superaba en dimensiones.
Aprender de esos errores podría ser muy sano para las próximas etapas en la aplicación de este Programa y también para la consulta del mismo, que ya está en marcha. Comienza un debate, que puede ser un ejercicio sano de participación política, sobre todo, si la ciudadanía lo comprende y analiza desde su realidad, con una posición proactiva, que nutra los propósitos edificantes del Programa.
