En el 2025, Ecuador se ubicó como el país más violento de la región. Según Insight Crime, Ecuador llegó a una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100 mil habitantes, o sea, nueve mil 216 homicidios.
El 60 por ciento de los ecuatorianos considera que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, a pesar de los alardes y afirmaciones en sentido contrario del presidente, Daniel Noboa, quien solo resalta resultados supuestamente positivos y hoy puestos en dudas.
Según datos de su Administración, citados por Radio Pichincha, la captura de los llamados 'capos invisibles' ha permitido reducir en un 35% las extorsiones en Quito y en Guayaquil, las principales urbes del país; mientras que los homicidios habrían disminuido un 30%, durante el reciente toque de queda puesto en marcha en partes de la nación.
Sin embargo, el informe Latinobarómetro 2026, publicado recientemente, evidencia que la ciudadanía tiene otra percepción ante las acciones contra la inseguridad en Ecuador.
El 80% de los encuestados considera que en el lugar donde vive hay presencia de pandillas; mientras que un 70% vive con el temor constante a ser víctima de un delito. Además, el 37% ha confesado que él o un pariente ha sido asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos 12 meses.
En medio de esta situación, apenas un 24% se muestra satisfecho con el funcionamiento de la Policía Nacional y un 11% con el del Sistema Judicial.
Pese a una reducción nacional de homicidios en lo que va del 2026, en distintas provincias han aumentado los homicidios intencionales. Especialistas advierten que el crimen organizado migra con sus rutas, armas y operaciones hacia otros lugares con menor control y presencia del Estado.
TRISTE LIDERAZGO
En el 2025, Ecuador se ubicó como el país más violento de la región. Según Insight Crime, Ecuador llegó a una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100 000 habitantes, o sea, 9.216 homicidios.
Entre enero y mayo del 2026, el país ha registrado 3 485 homicidios intencionales. El gobierno ha impuesto distintas medidas para contener la ola de violencia como: dos toques de queda y la renovación constante de estados de excepción, que han servido para desplazar a militares norteamericanos que colaboran en una represión que alcanza a la población inocente y sirve para aplastar los intereses de las fuerzas políticas opositoras, principalmente al correismo y los entes más progresistas de los indígenas.
Las cifras oficiales alertan que en lo que va de 2026 se ha evidenciado que hay un desplazamiento de la violencia hacia las provincias.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, El Oro es la provincia en la que más se han elevado los casos de violencia, y le siguen Cañar, Azuay y Loja. También se ha registrado un aumento de muertes intencionales en Napo, Pastaza y Morona Santiago.
La criminóloga Daniela Valarezo expuso que la violencia dejó de ser un problema que afecta solamente a dos cantones que en principio fueron Esmeraldas y Guayaquil.
Explicó que cuando el Estado aumenta la presión en unas zonas en particular, las organizaciones criminales tienden a mover sus operaciones a cantones, barrios o sitios donde hay menor presencia estatal.
“Así garantizan que la ruta de la economía ilegal que manejan no sea rastreada o no sea perseguida y mucho menos detenida. Cuando hay menor capacidad institucional del Estado, el delito migra a esos sitios donde saben que no hay suficiente control”, detalló.
La criminóloga enfatizó que el delito no desaparece, sino que se desplaza. “Recuerdo que, en 2025, de los 222 cantones que tenemos, en 168 hubo homicidios. Es decir, hay pocos cantones en los que no hay muertes violentas. En la mayoría siempre hay asesinatos. Entonces, como el crimen organizado tiene sus economías ilegales y los grupos criminales no pueden dejar de trabajar, buscan nuevos puertos para la exportación de droga, que las carreteras que no tengan vigilancia, o que están poco iluminadas”.
Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), detalló que, si bien a escala nacional hay una reducción de alrededor del 14% o 15% de la violencia en este período, eso solo ha ocurrido en ciertos lugares, en ciertas provincias, en ciertos cantones, que tenían una magnitud más alta de la violencia.
“En otros lugares ha habido más bien un incremento de la violencia de la tasa de homicidios y del total de homicidios como un indicador de esta violencia”, argumentó.
ORO QUE NO BRILLA
El técnico del OECO destacó el caso de El Oro, por cómo sus niveles de violencia se han incrementado. Entre enero y mayo de 2025, esa provincia registró 275 muertes violentas, y en ese mismo periodo en 2026 ha llegado a 432. Es decir, esa provincia ha tenido un aumento del 57% de la violencia.
“Es una cifra bastante alta. Entonces, El Oro, actualmente, tiene la mayor incidencia de homicidios en el país. Y dentro de la provincia se puede observar, en Machala, un crecimiento notable de los homicidios, al igual que en otros cantones, sobre todo relacionados con el tráfico de drogas y también con el tráfico ilegal del oro, con la minería ilegal en cantones como Portovelo, Santa Rosa y Machala”, puntualizó.
Según Villagómez, en El Oro ya se pueden analizar ciertos patrones y tendencias, pues a finales de 2025 se registraron masacres carcelarias y capturas de líderes de uno de los grupos de delincuencia organizada. Esos son “algunos de los fenómenos” que explican la violencia en esa zona. Además, por su posición fronteriza y su funcionamiento como puerto de salida de mercancías ilícitas (drogas y minería ilegal), el técnico detalla que esta provincia funciona “como uno de los enclaves y también uno de los puntos logísticos para este tipo de actividad ilícita”.
SIN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
Tras las medidas de control, las organizaciones criminales cambian.
Daniela Valarezo recordó que 10 provincias y tres cantones se encuentran con un estado de excepción, desde el 16 de junio de 2026. Por lo que detalló que cuando se intensifica el control en las provincias, las organizaciones criminales empiezan a trasladar las armas, a sus integrantes y sus operaciones a otros sitios. “Cambian todo, cambian las rutas, cambian sus lugares de refugio, se diversifican de cualquier forma”.
La criminóloga puntualizó que con los estados de excepción se ha reducido, en porcentaje, la cifra de homicidios. Sin embargo, agregó que la medida “podría darnos un indicio de que la reducción de delitos es temporal, pero la solución estructural no se da, porque vemos que inmediatamente después en otros lugares de Ecuador empieza a haber delitos”.
