Santiago de Chile.- El avance del curso escolar, pensiones, extensión del estado de Catástrofe y la violencia en zonas del país sumieron al Gobierno de Chile en desencuentros con sectores políticos y sociales en la semana que hoy finaliza.
Como indicio del malestar reinante, en la noche del viernes fue incendiada la estatua al general Manuel Baquedano ubicada en la emblemática plaza homónima de esta capital, durante otra jornada de intensas protestas.
Más de 600 personas, según fuentes oficiales, acudieron a la plaza para exigir la libertad de las personas aún presas por su participación en las manifestaciones de finales del 2019, y la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien mantiene niveles de rechazo que superan el 70 por ciento.
Asimismo se pronunciaron contra los intentos de mayor militarización de la región de La Araucanía y otros territorios del sur del país, de lo cual es un símbolo el general Baquedano, quien durante 20 años encabezó la guerra de ocupación de La Araucanía, que para muchos inició un largo conflicto con el pueblo mapuche que se prolonga hasta el presente.
La violencia en la denominada Macrozona sur fue uno de los temas de confrontación durante la semana, con el Gobierno presionado por sus propios partidarios, que le exigen decretar el estado de sitio en esos territorios, mientras en la oposición rechazan lo que consideran puede ser un error político de consecuencias impredecibles para el país.
Pero también otros asuntos generaron atención nacional y controversia, como la posibilidad de que el parlamento se abra a aprobar un tercer retiro de fondos de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, que el Gobierno rechaza por completo.
La Cámara de Diputados admitió a debate un proyecto en esa dirección, impulsado por diputados de oposición, y aunque deberá transitar un largo trámite, ya el Gobierno dejó clara su posición y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir que progrese.
También resulta polémica la intención de Piñera de prolongar por otros seis meses el Estado de catástrofe en el país, alegando la situación de la pandemia, aunque amplios sectores lo interpretan como una maniobra de control social mediante el mantenimiento del toque de queda.
Y por si fuera poco, continuó el debate entre el Ministerio de Educación y los trabajadores del sector y organizaciones de padres sobre la conveniencia o no de mantener abiertas las escuelas cuando el país sufre una nueva ola de la pandemia de Covid-19.
Incluso, el Colegio de Profesores, pidió este viernes al Gobierno la suspensión del curso, que comenzó el lunes, debido al aumento de contagios, que llevó ya al cierre de más de 40 centros educacionales donde fueron detectados casos positivos del SARS-CoV-2.
Las cifras parecen darles la razón a los docentes pues el país cerró la semana con cinco mil 325 nuevos casos de Covid-19 y casi 100 muertos en un solo día, así como un fuerte aumento de enfermos activos, que se ubican en los niveles de junio y julio del pasado año, en pleno clímax de la pandemia.
