Buenos Aires.- El expresidente argentino Mauricio Macri comparecerá hoy por vez primera ante la justicia para rendir declaración sobre el caso del supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
A la tercera es la vencida. Tras ausentarse a los primeros dos llamados del juez Martín Bava e intentarlo desplazar del caso por considerarlo incompetente, el exmandatario deberá dar explicaciones sobre presuntos seguimientos de los servicios de inteligencia bajo su gestión, -de varios que salieron a la luz-, a los familiares de los 44 oficiales del malogrado sumergible, desaparecido hace casi cuatro años.
En el fallo, la justicia sostiene que existió ''un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente de la Nación' y 'que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía a Macri''.
De calificar al juez de incompetente hasta señalar ser víctima de persecución política, Macri finalmente afirmó que irá a la justicia en esta jornada y no lo hará solo.
Según una convocatoria que brotó en las redes sociales, replicada por su brazo Juntos por el cambio, lo acompañarán desde afuera varios exfuncionarios y militantes, algo que ha sido rechazado por los propios familiares de las víctimas.
En este caso, Macri -quien afirma que no cometió ningún espionaje- deberá rendir cuentas sobre si se realizaron tareas para evitarle contratiempos en sus contactos con parientes de los tripulantes del sumergible, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde los familiares estuvieron a la espera de noticias.
Tras la decisión de movilizar 400 microbuses con personas para apoyarlo, familiares de las víctimas del ARA San Juan pidieron a los seguidores del exgobernante desistir de acompañarlo en esta jornada y solicitaron respeto.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, uno de los abogados querellantes en la causa y padre de uno de los submarinistas Luis Tagliapietra, declaró que espera que el expresidente se presente, se ajuste al derecho y muestre sus pruebas con absoluta libertad y luego no diga que no se lo permitieron.
Asimismo repudió lo que calificó de un circo armado de Macri y sus seguidores. Es una falta de respeto, una burla, están haciendo un acto político de un acto jurídico, dijo tras rechazar la actitud incoherente de aquellos que hoy hacen lo que siempre repudiaron.
A veces pedir coherencia en la política es utópico. Esperemos que todo se desarrolle en paz y se cumpla la ley. Nosotros haremos también nuestro planteo, precisó el padre del corbeta Alejandro Damián.
En las últimas horas varias voces del gobierno apuntaron contra miembros de Juntos por el Cambio como el vicegobernador porteño y ahora aspirante a diputado Diego Santilli, quien declaró ser querellante en esa causa y subrayó que tiene un tinte político y ocurre en plena campaña electoral.
''Ni Santilli, ni (el gobernador porteño Horacio Rodríguez) Larreta son querellantes en la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan. Si quieren, los invito a pasar por la comisión bicameral de inteligencia (del Congreso) y demuestro la infinidad de pruebas que responsabilizan a Macri'', apuntó el diputado Leopoldo Moreau.
Por su parte, el titular de Justicia, Martin Soria, también le dedicó un mensaje al expresidente: ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández ni este ministro, nos reunimos a escondidas en la Casa Rosada ni ''jugamos al tenis'' con el juez Bava, disparó en referencia a otro escándalo desatado este año que reveló frecuentes visitas de jueces y fiscales a Macri durante su gestión.
''Ya no hay mesas judiciales para perseguir opositores. Puede explicar tranquilo por qué espiaron a las familias del ARA San Juan'', agregó Soria.
Los casos por seguimientos cometidos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo la administración de Macri, abarca a una gran cantidad de personalidades y salieron a la luz el pasado año a través de la actual interventora, Cristina Caamaño, tras varios documentos encontrados dentro del organismo.
