Las Tunas.- Escucho al doctor en Ciencias Óscar González Fernández, y mentalmente regreso a mi lista de reproducción favorita con aquello que, refiriéndose a mi país, dice: “Lo peor del pasado, recorre; lo mejor del futuro, demora”. Y es que, sin eludir la polémica, el académico de la Universidad de Las Tunas desgrana las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en junio pasado, un paquete que, admite, ha generado expectación y no pocas dudas.
"Ya he leído algunas medidas, y no todas apuntan al socialismo, a la construcción del socialismo. Incluso algunas parecen ir en contra de la transición al socialismo", confiesa ante un auditorio exigente, sus colegas de la dirección de Marxismo. Sin embargo, en su análisis no se detiene en la superficie. “Lo cuestionable aquí no es la capacidad transformadora de una u otra medida; sino el alcance socialista o no del resultado de su aplicación”, sentencia.
¿UN MAL NECESARIO?
El investigador contextualiza el origen de estos cambios. ¿Por qué aplicar estas medidas cuando desde finales de la década de 1960, con la ofensiva revolucionaria, el Estado asumió casi la totalidad de la actividad económica en el país?, se pregunta. “Porque los contextos cambian. Estamos en un contexto de crisis. Y la crisis demanda acciones a partir de lo que se ha producido, provocado”, responde.
El Estado, argumenta, no tiene recursos para asumir todas las responsabilidades. “El alcance socialista de las medidas, es que políticamente toda acción tiene un fin marcado, con interés clasista. La clase que está en el poder es el proletariado. Por tanto, las políticas deben estar encaminadas a favorecerlo”.
Para ilustrar su tesis, el profesor recurre a ejemplos concretos. "La eliminación de los topes de precios; por sí solo, genera inflación, desigualdad. La eliminación del subsidio, golpea o afecta a los más vulnerables. Por tanto, es evidente que esos ajustes aisladamente, no van a resolver el problema; ni van a conducir a las transformaciones que necesitamos. Por tanto, hay que conducir el análisis a cómo el engranaje sistémico, a partir de la mediación política, puede conducir a que tengan el cauce hacia el socialismo, hacia la transición socialista".
LA POLÍTICA COMO ARQUITECTO
El profesor insiste en que la riqueza producida debe ser capturada por la política a través de instrumentos económicos y políticos. “Impuestos, encadenamiento productivo y responsabilidad social. ¿Para qué? Para financiar los sectores vulnerables o los servicios universales a los que estamos acostumbrados. No con la calidad que tenemos ahora, sino con una calidad supuestamente superior".
En su opinión, “la política no puede definirse como un bombero que apaga fuegos, sino como el arquitecto que va a diseñar una construcción sobre los cimientos socialistas. Manteniendo la base económica, con todos los riesgos que se pueden asumir”.
González Fernández profundiza en la relación dialéctica entre economía y política. "Puede tener efecto positivo o no. Es una contradicción: Se eliminan los topes de precios, pero se flexibilizan la comercialización agropecuaria. Es decir, esa flexibilización de la producción agropecuaria debe producir mayor nivel de oferta. En condiciones normales, como tendencia, los precios deben disminuir. Por lo tanto, tenemos que lograr que el salto productivo, al menos en la esfera agropecuaria, sea el que se demanda”.
La contradicción inmediata, explica, “proviene de que eso podría ser una liberalización salvaje, pero la intervención política articulada incluye esos precios diferenciados y los denominados cupos solidarios. Además, esos precios solidarios tienen ventajas desde el punto de vista económico, y es que cuentan con beneficios fiscales. O sea, tú aportas, pagas menos impuestos, o la tarifa es menor de los impuestos. Y, por supuesto, la soberanía alimentaria. Se reafirma que la política no desconoce el mercado, sino que introduce mecanismos paralelos que deben impedir que sea este quien decida las proporciones económicas y sociales”.
ENFOQUE SISTÉMICO
El investigador hace un llamado a no analizar las medidas de forma aislada. Propone un ejercicio práctico. "Veamos una cooperativa de producción lechera que podrá, si lo desea, transformarse en empresa mixta con participación privada o estatal. Esa cooperativa ahora tiene derechos de gestión sobre la tierra, manteniendo o conservando la propiedad social, que es la base económica. Así, obtendría autonomía y capital, que hoy no tiene. Podrá importar y también exportar directamente. Con este análisis desde el punto de vista estructural, se puede estimular la producción. Y ese es el sentido que hay que ir transmitiendo”.
El académico añade que también se exige responsabilidad social a todos los que gestionan, tanto estatal como no estatal. "Por ejemplo, vender a precios solidarios a vulnerables. Y ahí hay una mediación política. Y ahí la política está intentando disminuir el efecto directo de aquellas medidas que habíamos visto de forma aislada. Le dan a los que gestionan beneficios fiscales cuando realizan inversiones sociales".
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
González Fernández advierte que estas transformaciones afectan acuerdos, prácticas y normas que han existido históricamente entre el Estado y los ciudadanos. “Las normas, los apegos, los agradecimientos, las lealtades, yo diría los valores, la confianza y la responsabilidad y también la dignidad. Por tanto, lo que está en juego no es solamente desde el punto de vista material económico, sino la subjetividad del ciudadano, que puede ir en contra o a favor del proyecto social que construimos".
La eliminación de los subsidios a productos, ejemplifica “supone el fin del tan criticado paternalismo y el paso a un modelo de protección focalizado. Por tanto, la política deja de ser dar cosas a gestionar los riesgos”.
El profesor también se refiere a los cambios en la concepción de la base social del proyecto revolucionario. "Por ejemplo, permitir empresas privadas de más de 100 obreros, la propiedad múltiple, la compra de acciones y los derechos reales sobre la superficie de la tierra. El Estado impulsa deliberadamente el establecimiento de una nueva clase social. Claro, lo que debemos es, política y socialmente, empeñarnos a que sea prorrevolucionaria. Lo que obliga a construir un nuevo pacto de gobernabilidad. No es rechazarlos, sino incluirlos en la construcción del proyecto social cubano. Ya no hablo solamente de responsabilidad empresarial, que vale también, sino responsabilidad social. Que es una nueva forma institucionalizada de acoplar actores económicos al proyecto social que construimos”.
CONTROL Y TERRITORIALIDAD
Ante este panorama, el académico recalca la necesidad de reinventar el control político. “Teniendo en cuenta que la evasión fiscal o el lavado de dinero no son delitos económicos menores que pueden ser asumidos como un acto de subversión política. ¿Contra quién? Contra la capacidad redistributiva del Estado. Y la digitalización no es solamente tecnología, es también soberanía de esos datos que tienen que ser controlados".
Consultado sobre cómo asumir estas transformaciones desde una provincia como Las Tunas, González Fernández responde sin titubeos: “La autonomía territorial es derivada de esa transformación. Por tanto, desde el gobierno y las direcciones políticas deben asumir con conocimiento las medidas que son susceptibles de aplicar correctamente en el territorio. Con mucha capacitación; intercambio con productores estatales y no estatales; con articulación de actores; con previsión de estrategias territoriales de desarrollo. Es articular en función de objetivos estratégicos las capacidades y prerrogativas otorgadas”.
LOS RIESGOS
González Fernández no oculta los peligros. “La conexión entre la eliminación de los topes de precios, que genera inflación descontrolada, especulación, y la eliminación del subsidio, por supuesto encarece los bienes básicos, elementales. Y permitir grandes empresas privadas, incluso con más de 100 obreros, provoca concentración de la riqueza. Eso es inobjetable y al mismo tiempo genera un círculo vicioso de precios altos, protección social debilitada, nuevos ricos sin contrapesos. Eso puede ser lo directo. Esa es la primera lectura que hay que tener. Y, por supuesto, de este análisis podríamos concluir en esta parte que puede conducir a una polarización social que no es la intencionalidad, pero puede pasar".
Observa que “puede suceder también una pérdida de la hegemonía política del proyecto revolucionario de la construcción del socialismo en Cuba, y el desarrollo de una protoburguesía con intereses propios ajenos al socialismo; si las transformaciones económicas se dejan a la libre espontaneidad y exclusivamente sujetas al mercado”.
“De algo sí tenemos que estar claros, enfatiza: La economía no es neutral; representa los intereses de una clase. Por tanto, esas relaciones de producción básicas, esenciales, que son las relaciones de propiedad, tienen una vocación intrínseca, que responde a los intereses de la clase que tiene el poder de apropiarse de los medios de producción. En este caso es la clase obrera. Si no se le dirige con legítima perspectiva socialista, esos que estamos creando tienden a producir burocratismo, estatizado, acumulación privada, concentración de las riquezas, entre otras".
CON EL MERCADO... Y EL PARTIDO
González Fernández aclara que no se trata de negar el mercado, el cual, acota “tiene su espacio y no se puede eliminar por ley, por decreto. Incluso se ha demostrado también en la práctica cubana, que el espacio que en su momento no pudo ocupar el Estado en la oferta de bienes y servicios, automáticamente lo asumió otro actor y muchas veces ni regulado”. Por eso, es partidario de “adaptarlo, acoplarlo al proyecto socialista, lo que exige mucha preparación, sobre todo, para los que deciden”.
El académico subraya la intencionalidad política y del Partido en este proceso: “En lo ideológico, sugiere: ofrecer marcos interpretativos que den sentido a las nuevas relaciones y las sitúen en la continuidad de la Revolución. En lo cognitivo, la permanente articulación entre el saber técnico y el político. En lo organizativo: desplegar la estructura territorial. Organizaciones de base, comunidades municipales, provinciales, para acompañar la implementación; no para controlar burocráticamente. Eso implica detectar tensiones, canalizar demandas, corregir desviaciones, identificar las buenas prácticas y también las que no han salido bien. En lo comunicacional: que la colaboración sea visible, comprensible y sobre todo, valorada por los sujetos, que somos nosotros. No basta con que los sujetos colaboren. La población debe percibir esa colaboración”.
El profesor cierra su disertación con una idea fortísima: “La naturaleza, el desafío actual que vive hoy la Revolución, implica la capacidad de articular la actividad de dirección política y de gobierno en la interacción dialéctica entre economía y política. La colaboración entre dirigentes y dirigidos no constituye un plus de esta transformación, son su dimensión política constitutiva. Las medidas promueven varios mecanismos de control que solo funcionarán si se asegura políticamente la participación como esencia del socialismo”.
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Desde la pared, un cuadro de Lenin parece mirarnos en silencio, mientras cada uno de los presentes medita sobre lo que acaba de escuchar; comenta, pregunta, confronta este análisis con su propia visión de un asunto que, parece sobrepasarnos por su amplitud y complejidad, pero que, sin dudas, influirá en el futuro de la nación toda.
