Las Tunas.- "Las empresas estatales no funcionan", me sentenció convencido mientras eludía los vehículos por una avenida empapada por la lluvia vespertina. Locuaz y servicial, Fernando es un chofer erudito que cita con precisión a Milton Friedman y a otros teóricos del liberalismo capitalista más ortodoxo. "Mientras no les soltemos las riendas a los privados, este país no avanzará", me añadió mientras esperábamos el cambio de luz en un semáforo. Simpatizante declarado de la renovación vietnamita, más que de la reforma y apertura de China, Fernando me puso a pensar si tendría o no razón cuando, justo después de conocernos, salieran a la luz medidas gubernamentales que impactan directamente sobre los llamados nuevos actores económicos. Ese término agrupa a cooperativistas, cuentapropistas, empresarios pequeños y no tanto, y emprendedores en general, cuyo denominador común es que gestionan con mayor o menor grado de independencia los productos o servicios que ofrecen a los consumidores o usuarios.
Oficialmente se ha dicho que el propósito de este grupo de ocho decretos leyes y 11 resoluciones es "regular el desempeño de los actores económicos no estatales, bajo el principio de no retroceder, sino continuar avanzando en su inserción correcta en el desarrollo económico y social del país y que cumplan su papel como actores complementarios de la economía".
Más allá de los detalles técnicos, que son muchos e imposibles de abarcar por completo en estas líneas, conviene detenerse en las connotaciones de tales pasos, en sus probables implicaciones y, sobre todo, en la percepción que tendrían los involucrados.
Obviamente, las autoridades consideran que ha llegado el momento de cesar las exenciones que estimulaban la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como la ampliación del trabajo por cuenta propia; lo primero hecho en el 2021 y lo segundo, un poco antes, en el 2010. "Los incentivos fiscales deben ser temporales para estimular una actividad o sectores de la economía", aclararon.
Y añadieron: "Estas normativas, dirigidas a ordenar la actuación de los actores no estatales y a que se conviertan en verdaderos complementos de la economía cubana, no son las únicas que se les aplican a ellos ni tampoco se concibieron ahora, pues desde el 2021, al aprobarse las primeras, se dispuso actualizarlas cada dos años".
Ampliarle la carga tributaria a este segmento es consistente con el propósito gubernamental de extender las fuentes de ingresos al presupuesto público que, vale recordarlo, lleva sobre sus hombros los costos de servicios básicos ofrecidos gratuitamente a toda la ciudadanía, también a cuentapropistas y empresarios privados, en particular, los de salud y educación.
Aparece el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. "Se trata de que estas figuras actúen dentro de un marco legal, aporten al fisco y al bienestar no solo propio, sino de la sociedad", dijo su presidenta, Mercedes López Acea, al asumir el cargo. El nacimiento de este centro tiene sentido en tanto aflora la necesidad de contar con una estructura que se ocupe exclusivamente del asunto; sin embargo, es otra prueba de un cuestionable estilo de ensanchar la burocracia estatal cada vez que acaece una transformación en la dinámica social, cuando por otro lado se insiste en reducir al máximo los gastos del sector presupuestado.
Otro punto interesante, en materia laboral, es la introducción de conceptos, obligaciones y derechos en correspondencia con la política aprobada para la actualización del Código de Trabajo, homogeneizando el tratamiento en materia laboral, de seguridad social y contravencional para todos los actores del sector no estatal. Es un paso correcto, porque a menudo, incluso los más afectados, los empleados en este ámbito, no toman en cuenta esos derechos considerados "naturales" en el entorno público, como las vacaciones, las licencias de maternidad y otros, por enfocarse de manera excesiva en los comparativamente más altos salarios que reciben.
Algunas de las disposiciones anunciadas van a coartar la proliferación de relaciones turbias entre los sectores público y privado, en aras de evitar casos de nepotismo y franca corrupción entre unos y otros. Es inocultable el propósito de prevenir el establecimiento de una élite económica, que termine transformando su poder económico en poder político, y lo use luego para imponer sus intereses privados por sobre los del resto de los ciudadanos.
Estos decretos ven la luz con el recelo más o menos velado de una parte de la opinión pública que, admitámoslo, duda de la pertinencia de la planificación como método de gestión económica.
Son los que claman por el "dejar hacer" al mercado, tal cual defiende mi amigo Fernando; en la ilusión de que este se regulará solo y que no se llevará por delante a decenas de miles de personas sin la capacidad o la salud para colocarse a la altura de una competencia feroz.
Anótelo: el mercado solo es "libre" cuando no se cuestionan sus reglas de base. Los críticos más lúcidos les objetan a las medidas promulgadas su inocultable sentido político, lo cual no es intrínsecamente negativo, al contrario, porque a fin de cuentas estamos en el plano de la política económica.
Se arguye, asimismo, la improcedencia de pretender alinear el propósito de los privados de incrementar sus ganancias, que los lleva a emprender tal o más cual negocio, con los objetivos sociales que sí se les marcan a las empresas estatales. Puede que sea cierto, pero dicho empeño quizás sea el que nos separe de la completa enajenación capitalista.
Aunque nunca estará de más que se den a conocer y se articulen mejor las estrategias de desarrollo a escala municipal, incentivando precisamente las iniciativas que desde lo privado las concreten. Conceder estímulos atrayentes a empresas de ese universo que tengan una práctica socialmente responsable sería una acción positiva y conciliatoria en este nuevo capítulo de las políticas económicas, especialmente en el entorno local.
El sector privado parece ser el más dinámico y atractivo para amplias capas del capital humano nacional, y algunas cifras lo avalan. En el 2023, se afirma, movió el 44 por ciento del dinero asociado a las ventas de productos y servicios minoristas; y en el 2024 pudiera superar a la comercialización estatal en este aspecto.
Otras estimaciones aseguran que el año pasado importó poco más de mil millones de dólares y solo en el primer semestre del 2024 ya iba por 622, mucho más que el plan estatal de importaciones, que en similar lapso se logró en menos del 50 por ciento.
Pero, ¿en qué emplearon esas importaciones? ¿Fue a renglones que marquen la diferencia en la producción o estuvo más enfocada a la comercialización directa de productos terminados?
Esas son preguntas que no parecen tener respuesta, lo que pone en evidencia un vacío estadístico escondido tras los hermosos carteles, las tiendas relucientes y los autos de último modelo.
Nadie duda de que los nuevos actores económicos estén supliendo necesidades directas y cotidianas de la población, frente a una oferta insuficiente o nula del sector estatal. No obstante, conviene recordar que las falencias del segundo no son únicamente por incompetencia propia, sino porque de cara al mercado internacional, el primero va con menos restricciones que las que impone el asedio económico de los Estados Unidos al sector público, por más que los perjudique a ambos la caza de las transacciones financieras con destino u origen en Cuba.
Tampoco puede dejarse de lado que los decretos no ofrecen una solución a la ausencia de un mercado legal y activo de divisas que, a todas luces, continuará operando en efectivo y en las sombras. Una situación que no solo repercute en la inflación; también en otros propósitos declarados como la transición hacia una economía cubana más bancarizada y digitalizada, y en la aspiración de que estos actores sean completamente transparentes en sus operaciones monetario-financieras.
Se repite una y otra vez que ellos son un complemento, que llegaron para quedarse y que, tal cual está refrendado en los documentos programáticos y la Constitución misma, son parte del sistema económico productivo doméstico. Pero aún no se ha rebasado, en la práctica, la idea de que estas figuras son una molestia transitoria.
En ciertos círculos académicos y probablemente en algunos de los involucrados en aplicarlas, e incluso, entre quienes les impactan de lleno, puede que estas decisiones se hayan sentido como la expresión de esa apreciación errónea. Recordemos, otra vez, que estamos en el plano de las políticas económicas, en el cual pesan mucho las percepciones sobre los procesos.
La dirección del país no oculta su determinación de mantener el control sobre el "centro" de los sectores de la economía doméstica, a saber: agricultura, industria, energía, telecomunicaciones, servicios financieros, información y comunicación; cuyo ejercicio continúa entre las competencias exclusivas de las entidades públicas.
Como el resto de los pasos tomados en tal ámbito, estos deberán lidiar con la heterogeneidad de los territorios y la diversa formación de quienes les tocará aplicarlos. Eso es particularmente importante tras otorgárseles a los municipios la prerrogativa de la aprobación de las nuevas mipymes. Que el Ministerio de Economía conserve dicha potestad por los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto en cuestión corroboraría que los decisores saben que colocar en manos de los gobiernos locales semejante responsabilidad implica un desafío impostergable e inmenso.
Las connotaciones de este paquete de medidas deben evaluarse, además, considerando el momento en el que ocurren. Recuérdese que aún acciones previas como el fin de la dualidad monetario-cambiaria, tras ser reclamada por todos, luego de su aplicación, son objeto de severas críticas. Tampoco cuajan como debieran las prerrogativas adicionales otorgadas a las empresas estatales. De modo que nadie se asombre si escucha la afirmación de que imponerle pautas al sector privado sería un intento por cambiar las reglas para favorecer a uno de los dos participantes.
Sigo creyendo que la discusión hay que llevarla no tanto a la forma de propiedad en sí, sino a la manera en la que se gestionan los recursos materiales y humanos. En más de una ocasión, la máxima dirección del país ha manifestado lo recomendable de que tengamos más micro, pequeñas y medianas empresas… ¡estatales!, apostando por que las reglas diferentes que las rigen incentiven a los empleados a mantenerse en la esfera pública, pero en condiciones de trabajo mucho más ventajosas.
¿Todas las empresas privadas son exitosas? Seguramente no, sucede que, a diferencia de las públicas, que con frecuencia siguen operando porque prestan servicios necesarios, las privadas simplemente desaparecen dejando a la vista solo las triunfadoras.
"Tu silencio me dice que no estás muy de acuerdo conmigo", me dijo Fernando antes de despedirnos en la que sería apenas la primera de varias conversaciones al son del claxon de su veterano Lada y el calor del asfalto. Con cada intercambio siempre recordé aquella canción que dice que "si los sueños son destellos de futuros enormes, debe ser la brújula, la queja del inconforme".
