Las Tunas.- Directivos y especialistas asociados al transporte masivo de personas en esta provincia del oriente cubano confirmaron que sigue tensa la disponibilidad de medios estatales para prestar ese servicio. Añadieron que están sobre la mesa acciones de encadenamiento con emprendedores privados, así como un eventual cambio en la tarifa de precios de estos últimos.
Desde el programa radiotelevisivo Alto y claro, Vladimir Téllez Pérez, director de Operaciones de la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales (Cardinal), informó que en enero en el municipio capital apenas estuvo operativo el 42 por ciento de los vehículos de la entidad, porcentaje que dentro su casco urbano fue incluso menor. Además, argumentó, Cardinal dispuso de 27 mil litros menos del combustible necesario para mantener sus rutas programadas.
No obstante, subrayó, continúa la protección a programas muy sensibles como el traslado de los pacientes que requieren de hemodiálisis en las instalaciones de Salud de la provincia y de quimioterapia en los hospitales de Camagüey.
En compensación, dos porteadores privados cubren dos itinerarios dentro de la zona urbana de la capital provincial, afirmó Abelardo Lay Céspedes, director de la unidad empresarial de base Atención a Privados. Está vigente, insistió, la indicación de que el resto de los titulares de camiones adaptados para el traslado de pasajeros cubran al menos dos rutas antes de hacer sus viajes hacia el resto de los municipios.
Lay Céspedes sostuvo que siguen en contacto con el resto de los transportistas para que en la medida de sus posibilidades apoyen el servicio citadino, sobre todo, entre las 7:00 y las 8:00 de cada mañana. De igual modo, aseguró, persisten en la vigilancia a fin de detectar a camioneros transgresores de la obligatoriedad de registrar su entrada a las terminales, tanto de la provincia como de las vecinas. “Las medidas y las multas por violación de precios están llegando”, aseguró.
Ante el recurrente quebrantamiento de cotizaciones instituidas por el Gobierno local y de los itinerarios, así como la exigencia de alquiler completo, especialmente en los horarios vespertinos y nocturnos, en el que incurren los conductores de los vehículos de tracción animal y las mototaxis, especialistas de la Dirección Integral de Supervisión dieron a conocer que solo en el actual año impusieron unas 60 multas por transgresiones de esa índole; cifra que catalogaron de baja con respecto a la probable ocurrencia de tales violaciones.
Por su parte, Raúl González Velázquez, subdirector de Taxicuba, dijo que de 98 solo están en servicio 68 mototaxis. Ratificó igualmente que han tomado medidas con los infractores de las normas en lo referente a la entrada a las piqueras y los precios indicados para cada ruta.
En el Balcón de Oriente cinco mil cuentapropistas tienen licencia de operación del transporte, sintetizó Reynaldo Reyes Silva, titular de la Unidad Estatal Provincial de Tráfico (UET). Todos, recalcó, tienen un reglamento que cumplir; y aclaró que existe el servicio de puerta a puerta que los avala. Sin embargo, especificó que “lo que se ha indicado es que en las piqueras no se alquila”.
Reyes Silva anticipó que regresará a su actividad el grupo de control a las violaciones de las regulaciones del transporte, el cual está compuesto por las instituciones encargadas. Empero acentuó que son las autoridades administrativas de cada entidad las responsabilizadas primordialmente con hacer cumplir dichas normas.
El titular de la UET recalcó asimismo que con la nueva normalidad regresó la exigencia de que los conductores de los vehículos estatales se detengan en las paradas de las rutas de transporte público y trasladen a personas según las capacidades que posean.
Al resumir el estado actual de una actividad tan sensible para la ciudadanía como lo es el transporte, Luis Enrique Arias Peña, director de Cardinal, admitió que la entidad bajo su mando debe incrementar los mecanismos de control, especialmente tras el regreso de la nueva normalidad. Anticipó que los precios instituidos al servicio privado de transporte están bajo revisión para ponerlos a tono con el incremento de los costos. Mientras tanto, insistió, los actuales están vigentes.
Arias Peña hizo hincapié en que los conductores de los mototaxis deben cumplir con las pautas legales, pues son operadores de un medio de propiedad del Estado. Evaluamos, dijo, la factibilidad económica de colocar más expedidores en sus piqueras.
En el 2022, adelantó el director de Cardinal, esperan un incremento de vehículos operativos con el arribo de cierta cantidad de neumáticos y baterías que posibilitarán la reactivación de los 60 actualmente paralizados. Otros caminos serán, comentó, el encadenamiento con las pequeñas empresas privadas prestadoras de servicios de reparación. No obstante, la incertidumbre de la disponibilidad de combustible de un mes a otro conspira con la capacidad de la empresa para planificar el servicio como deseara, concluyó.
