Argentina.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió el lunes ser absuelta de la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta en diciembre pasado por la causa Vialidad, alegando arbitrariedades en el fallo.
''Por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas'', exigieron en su alegato los abogados de la exmandataria (2007-2015), Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
La solicitud presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal argumenta que la sentencia contra Fernández contiene 'arbitrariedad fáctica y normativa' y constituye ''un supuesto de enorme gravedad institucional''.
A su vez, el fiscal Diego Luciani pidió agravar la pena impuesta a la vicepresidenta, y que se le condene además por el delito de asociación ilícita, figura descartada por el Tribunal Oral Federal 2.
En su presentación, la defensa de Fernández expuso que la fiscalía intentó 'presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular'.
Beraldi y Llernovoy advirtieron que, de ser necesario, apelarían ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos.
''Se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes'', agregaron los defensores de la también conocida por sus siglas (CFK).
Los letrados señalaron que el proceso violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces), pues se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por jueces competentes.
Además, consideran que fue violado el principio de inocencia, ya que Fernández fue condenada a partir de múltiples inferencias de cargo, sin evidencia alguna y pese a las pruebas de inocencia mostradas a lo largo del proceso.
LA CAUSA VIALIDAD
El tribunal federal que condenó a la vicepresidenta argumentó su veredicto en un documento de 1 616 páginas, con evidencias sobre una supuesta maniobra fraudulenta llevada a cabo entre 2003 y 2015, con perjuicio del erario público.
La justificación del fallo tiene lugar dentro de la causa que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante la gestión presidencial de Fernández y el mandato de su esposo, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
Los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu observaron irregularidades en al menos 51 obras viales concedidas en esa jurisdicción al empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones y allegado de la entonces mandataria.
La causa fue abierta tras una denuncia de Javier Iguacel, exdirector nacional de Vialidad, cuya primera medida fue ordenar una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre el 2003 y 2015.
