Las Tunas.- La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, amparada en un sistema legislativo que sea garantía de seguridad y equidad de género, es uno de los temas que despunta hoy como prioritario, anclado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que justamente este 10 de Diciembre cumple 75 años y se ha erigido como uno de los compromisos mundiales más revolucionarios a la vista del orbe.
En el 2022, al menos cuatro mil 50 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto representa la muerte violenta de una mujer por razón de género cada dos horas en la región.
Según el más reciente informe emitido por la Cepal, este problema social ocupa un lugar importante dentro de la Agenda 2030 y alerta que actualmente no es posible determinar una tendencia con relación a las tasas de femicidio en la región, pues las variaciones en cada país son pequeñas y no reflejan dinámicas sostenidas de incremento o reducción.
Lo que sí se puede afirmar, recalca el organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es que la violencia femicida se mantiene en la región, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en medición.
“No nos cansaremos de repetirlo: América Latina y el Caribe tienen el deber de prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es inaceptable que más de cuatro mil mujeres y niñas sean asesinadas cada año en nuestros países por razones de género”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, en el marco de la Jornada por la No Violencia Contra la Mujer, que culmina este 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos.
“La violencia femicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes. Se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”, subrayó Salazar-Xirinachs.
En la más reciente evaluación del flagelo, los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género en el 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6 por cada 100 mil mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6). Las más bajas (es decir, menos de una víctima por cada 100 mil mujeres) se observaron en Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3).
El informe advierte que en el Caribe 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente al 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tobago (43).
El femicidio es la expresión más extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En la región, en promedio, una de cada tres mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ello corresponde a 88 millones de mujeres mayores de 15 años de edad en América Latina y el Caribe.
A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en esta área del mundo, que afecta a una de cada cinco niñas.
En siete países que informaron a la Cepal, al menos 400 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa de femicidio en el 2022. Al respecto, es importante resaltar que solo ocho países de América Latina han generado medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de femicidio, las cuales constituyen una respuesta fundamental en la construcción de un abordaje integral.
Para prevenir la violencia femicida, se requiere, además, fortalecer los datos relativos a la existencia de denuncias previas de violencia o medidas cautelares que permitan evaluar y actuar frente al riesgo y así evitar las muertes violentas por razones de género.
“Los Estados de la región deben ampliar las asignaciones presupuestarias e invertir para fortalecer las políticas contra la violencia de género con nuevas estrategias para responder a las distintas manifestaciones de violencia, como, por ejemplo, la violencia de género en medios digitales”, alerta la Cepal.
Enfatiza también que para avanzar hacia la sociedad del cuidado es preciso transformar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. La Comisión insta a los gobiernos de la región a redoblar sus esfuerzos orientados a mejorar los sistemas de registro e información, así como los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica.
En Cuba, el Estado y las leyes han adoptado un enfoque enérgico para proteger los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género. Si bien se han logrado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres, actualmente se continúa trabajando para consolidar los logros alcanzados y enfrentar de manera efectiva cualquier forma de violencia de género.
