● Medio siglo de existencia celebran, este 23 de diciembre, la Fiscalía General de la República y los tribunales populares. Dos voces protagonistas de esa historia hacen una pausa en sus rutinas y conversan con 26
Las Tunas.- Graduada de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Camagüey, la fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, Lisbet Pavón Marchán, decidió trabajar en la Fiscalía por el tratamiento que recibió durante las prácticas preprofesionales de segundo, tercero, cuarto y quinto años de la carrera.
Sin dudas, esa etapa estudiantil, cuando se va al encuentro del acontecer diario y real, termina siendo decisiva para la formación del futuro abogado. Así lo refleja esta joven merecedora del Sello Conmemorativo por los 15 años de servicio que entrega la Fiscalía General de la República.
Natural de Puerto Padre, se siente privilegiada por el apoyo de quienes fueron sus guías en aquellos comienzos. “Tuve la ayuda de fiscales con mucho dominio que me mostraron cómo se trabajaba, porque no es lo mismo el contenido que recibimos en las aulas que enfrentarse en el quehacer cotidiano en un órgano con tanta responsabilidad”.
Durante los cuatro años en los que se desempeñó como máxima autoridad de la Fiscalía en Puerto Padre, Lisbet libró sus propias batallas; tenía que dirigir un colectivo con la experiencia que había acumulado de la mano de los colegas que le legaron sus conocimientos y la preparación obtenida en diplomados de Administración Pública y Dirección.
“El Departamento de Procesos Penales es una misión distinta, pues constituye una unidad organizativa que tiene funciones metodológicas. Se debe guiar, direccionar la labor de los fiscales en los territorios y trazar una política penal coherente para el enfrentamiento al delito. Eso me obliga a autoprepararme en la revisión de los procesos y el estudio de las leyes para tomar las decisiones más acertadas posibles.
“Aquí he afrontado disímiles desafíos, entre ellos, todas las reformas legislativas: Constitución de la República, Código Penal y Ley del Proceso Penal. Me correspondió estudiar mucho para transmitir esa superación al resto de los fiscales, asistentes, secretarias, porque cambiaron conceptos, términos, nombres de delitos…”.
Todo lo que se domina en materia penal en este departamento sirve para apoyar otras investigaciones. “Cada una de las especialidades posee una estrecha vinculación con los procesos penales porque se transversaliza de acuerdo con nuestro encargo fundamental, que queda claro en el Artículo 156 de la Constitución: el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal en representación del Estado.
“Así, el mandato constitucional nos pone en una posición de mucha responsabilidad para con el órgano, el pueblo y la sociedad en sentido general”.
La crudeza de los tiempos que corren impone su propio ritmo. De eso habla la urgencia de lograr profesionales más preparados, en medio de transformaciones y la oleada migratoria.
“La ausencia de personal capacitado, el éxodo de fiscales, instructores, policías nos imposibilita cumplir eficazmente nuestras funciones porque debemos organizarnos mejor, al detalle, para abarcar toda la tramitación de los procesos, la supervisión, el contacto directo con la base… Pienso que los retos residen en ese éxodo y en la superación de quienes estamos aquí para que podamos enfrentar, con rigor y dominio, todo lo que se nos presente”.
SERES DE PUEBLO
Un pacto con el dios Cronos tiene William Zaldívar Escobar; pudiera estar en casa, tranquilo, pero no quiere. Nacido en 1958, forma parte de una familia de campo. Se fue a estudiar a la escuela militar Camilo Cienfuegos y al concluir partió a Rumanía por cinco años para cursar la carrera de Biología.
“Me gradué en 1983, trabajé una década en el fondo geológico y en 1993, con la llegada del Período Especial, la oficina que nos atendía desde La Habana cerró en Las Tunas. Entonces dudé entre irme a otra provincia a laborar en lo mismo o quedarme e incursionar en otra cosa.
“Desde 1984 había empezado a estudiar la Licenciatura en Derecho en el curso libre, y aunque en 1992 me había graduado, en realidad no tenía idea de trabajar en eso. Pero se dio la coyuntura y decidí probar suerte.
“Primero pensaba ejercer como abogado y fui a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) del territorio, allí llegué con Elder Ochoa Brito, y como quien nos debía atender no aparecía, me aburrí y me fui; sin embargo, Elder se quedó y es hoy uno de los mejores abogados que tenemos.
“Un mes después me encontré con una compañera que atendía los tribunales en el Poder Popular y me dijo que hacía falta en ese sistema. Me vinculé y en julio de 1993 empecé en el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas como juez. Estuve en ese puesto hasta diciembre de 1998, cuando vine para la Sala Primera de lo Penal, donde me desempeñé por 22 años; luego pasé a la Sala Segunda. Ahí me jubilé con cuatro décadas de faena”.
Unas vacaciones cortas representó la jubilación para William, sus conocimientos resultan imprescindibles en la llamada Sala de Incidentes, donde aún le queda mucho por hacer.
“El último período antes de la jubilación fue fuerte en cuanto a cambios de informatización y nuevas reglamentaciones. Eso ha exigido mayor esfuerzo de todos, y para las personas que estábamos formados en otra época nos ha sido más difícil, pero poco a poco hemos llegado”.
Los tribunales, que por lo general vemos en las películas, se alejan en gran medida de la realidad cubana, sobre eso habla este experimentado profesional y asegura: “Se plantea que el juez cubano es un juez de contexto, es decir, que está en el entorno social; en otros países se ubica en una clase más alta, con su residencia, autos y no se mezcla con el pueblo.
“En Cuba, el juez de contexto es el mismo que va a la cola con el vecino, que se monta en el camión, que está expuesto a los mismos problemas que cualquier ciudadano, y eso nos sirve para entender cómo se comporta una persona común y nos ayuda a la hora de desarrollar nuestro trabajo”.
