Santiago de Chile.- El impacto de la Covid-19 en la campaña electoral y la militarización en las regiones habitadas por el pueblo mapuche acapararon la atención en Chile durante la semana que concluye hoy.
A solo unos días de las elecciones del 21 de noviembre, el contagio del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric con la variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 obligó al resto de los aspirantes a permanecer en aislamiento y suspender los actos proselitistas.
“Sigo en casa cumpliendo todos los protocolos y agradeciendo de corazón cada muestra de cariño que he recibido en estos días”, escribió en su cuenta de Twitter el postulado por la coalición Apruebo Dignidad.
Una encuesta de la agencia de investigación Data Influye publicada el miércoles ubica a Boric en primer lugar en la intención de voto, con 32 por ciento, 6,3 puntos por encima de la medición anterior.
En segundo lugar se encuentra el representante de la ultraderecha José Antonio Kast, del Partido Republicano, con 27 por ciento; y en tercero la senadora Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social, con 13 puntos.
Pese a la suspensión de los actos en parques, plazas y otros lugares públicos, varios de los aspirantes al Palacio de La Moneda participaron en debates vía online sobre temas como la gobernanza, el desarrollo de las ciudades y el medioambiente.
En medio de la campaña electoral, el presidente chileno, Sebastián Piñera, solicitó al Congreso Nacional extender el estado de excepción en zonas donde vive el pueblo mapuche, una decisión que –a juicio de los analistas- busca darle oxígeno a la derecha a pocos días de los comicios.
Amparado en esa medida, el mandatario ordenó el despliegue en cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía de más de dos mil militares, además de vehículos blindados, helicópteros, aviones y barcos.
Esta semana un joven mapuche murió y otros tres resultaron heridos por impactos de bala en la comuna de Cañete, durante un operativo de agentes de Carabineros y de la Armada.
El hecho provocó el repudio de las comunidades originarias y de dirigentes políticos y sociales, quienes recordaron al gobierno que el diálogo es el camino para resolver el conflicto en la llamada macrozona sur, donde los indígenas reclaman la devolución de sus tierras ancestrales.
Tras lamentar la muerte de un comunero mapuche, la Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por la militarización en el centro-sur de Chile y advirtió que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público.
La oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en esta capital, instó a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva y eficaz de los hechos que tuvieron lugar en la región del Biobío.
