San Juan.- La privatización de los activos del pueblo puertorriqueño que impulsa hoy la política del gobernador anexionista Pedro R. Pierluisi persigue desmantelar a Puerto Rico, a juicio de la diputada Mariana Nogales Molinelli.
La portavoz del ecléctico Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes describió el esquema que ha avanzado a partir de 2009 para desmantelar al gobierno isleño, como un “Puertopolio” para amamantar a los grandes intereses foráneos.
Para frenar tal situación, propone medidas dirigidas a reconstruir los servicios públicos, entre ellas, eliminar la Autoridad de Alianzas Público Privadas, cancelar los contratos con LUMA Energy, HMS Ferries y San Juan Cruise Ports, y proteger el acceso del pueblo a la vivienda.
“El Puertopolio es un juego muy parecido al Monopolio, pero las reglas coloniales y congresionales las han establecido políticos inescrupulosos en contubernio con la banca y un sector de ricos y poderosos, dentro y fuera de Puerto Rico”, manifestó la parlamentaria.
Esta visión que despoja a esta isla del Caribe de sus activos, excluye a la gente y sólo cuenta con el gobierno en la medida en que está al servicio de la privatización, el saqueo y la expulsión de quien no pueda pagar.
“El gobierno de Puerto Rico solía contar con agencias y corporaciones fundamentales que planificaban, investigaban, cuantificaban y medían parámetros para establecer la política pública (dirigida al) desarrollo económico y social, pero su desmantelamiento nos ha traído a este momento”, anotó Nogales Molinelli.
Con el fin de destapar la caja de Pandora que planea en la política puertorriqueña, la diputada Nogales Molinelli propuso la creación de una comisión de la verdad.
De este modo, dijo, se investigará “cómo los exgobernadores y exgobernadoras y otros funcionarios de alta jerarquía se han beneficiado de las políticas de privatización, venta y desplazamiento hasta el día de hoy”.
Refirió que durante la gobernación de Luis G. Fortuño se aprobó legislación que sentó las bases para esta debacle socioeconómica en que se encuentra Puerto Rico.
“Bajo Fortuño, se aprobaron la Ley 6 y la Ley 7, de 2009, que provocaron la pérdida de miles de empleados públicos y el desmantelamiento de agencias, como el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), a través de retiros incentivados y cesantías, sin esfuerzos para sustituir al personal o salvaguardar la memoria institucional”, argumentó.
En ese entonces, se crearon dos entidades nefastas: la Autoridad de Alianzas Público Privadas (Ley 29 de 2009) para promover la privatización, y la Oficina de Gerencia de Permisos (Ley 161 de 2009) que le quitó facultades a la Junta de Planificación, el DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), y ha permitido la destrucción del país.
Para contrarrestar esta situación, propuso la aprobación de una serie de medidas dirigidas a la reconstrucción de Puerto Rico y a salvaguardar su integridad como nación. (PL)
