Las Tunas.- Cuando este par de tuneros que dialogan con 26 comenzaron el duro trabajo de hacer ladrillos, en los alrededores de su sitio de labor solo había solares yermos. “Les hablo de hace más de 30 años, porque nosotros trabajamos aquí desde que éramos prácticamente niños y ya tenemos dos décadas en este negocio. Cualquier tejar de estos es más viejo que nosotros mismos”, sostiene uno de ellos. Hablamos en una zona ladrillera, “el que no tiene una, trabaja en ella”, asegura.
Nos les preocupa demasiado el humo del horno, aunque, cuentan, al principio sí emite cierto olor fuerte, pero después de dos horas ya no sienten nada. Por las dudas, aclaran, todo el proceso lo hacen en la noche. “Para que no moleste a los vecinos”, explican. ¿Son los únicos? “No”, contestan.
Por los papeles no se preocupan demasiado. Eso, sostienen, “solo sirve para cobrar”. El barro, afirman, lo traen de las minas estatales, y la leña, de donde pueden. “Los inspectores de la tierra, cuentan, vienen a veces y nos ponen multas que van desde los 500.00 hasta mil pesos, pero no lo hacen con frecuencia”.
Aunque nuestros entrevistados no lo saben, estudios dados a conocer en Bolivia y México documentan que el monóxido de carbono, el dióxido, los hidrocarburos y otras partículas de origen orgánico, resultantes de la quema de biomasa durante el proceso de cocción, podrían ser cancerígenos. Eso sin tener en cuenta otros efectos nocivos para ellos y quienes vivan demasiado cerca, como el polvo y el hollín.
De acuerdo con datos a los que 26 tuvo acceso, en el territorio tunero hay por lo menos 153 de estos alfareros ilegales, la cantidad más alta entre todas las provincias cubanas.
TENEMOS LOS PERMISOS
A mediados de este año, las autoridades del Ministerio de la Construcción (Micons) elogiaron el rol de los alfareros locales para surtir las necesidades de edificación de nuevas viviendas. Pero, ¿se hace de una manera sostenible? Una comisión multidisciplinaria que revisa el uso de las tierras otorgadas en usufructo desde el 2007 identificó que varias de esas áreas, concedidas para cultivos varios o la ganadería, en realidad estarían siendo usadas para la fabricación de ladrillos, sobre todo, en zonas no urbanizadas de la periferia de la ciudad capital.
“Son ocupaciones ilegales de tierras porque eso lleva cambio de uso del suelo, que lo da nuestro departamento”, afirma Susana Pérez Herrera, jefa del Departamento de Control de Tierras y Tractores en la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura (Minag).
Por su parte, la representación aquí de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) detectó varias transgresiones de la normativa vigente para el ejercicio seguro y amigable con el medio ambiente de esta actividad. Reseñó, entre ellas, no respetar el radio de protección sanitaria establecido, ubicar las ladrilleras lejos de las inmediaciones de las cuencas hidrográficas o la no realización de las acciones de recuperación que deben hacerse sobre la superficie tras la excavación en busca de arcilla.
Según los especialistas de la ORSA, la fabricación de ladrillos, ya sea en asociación con entidades estatales o como trabajadores por cuenta propia, debe estar avalada por los organismos de relación, que en este caso serían las empresas estatales productoras de materiales de construcción. Así lo estipula el inciso r del Decreto Ley 41 del 2021 sobre el ejercicio de la minería, explica Alberto Ávila Milanés, director del mencionado ente regulador.
La Empresa de Mantenimiento y Construcción Las Tunas (EMAC) tiene 20 obreros especializados en dicho oficio. Ellos, describe su director, el ingeniero Pablo Enrique Paneque Almaguer, trabajan en los patios de sus casas con hornos “criollos”, capaces de producir entre cinco mil y 10 mil ladrillos destinados a la construcción directa de viviendas o su comercialización por la entidad. El ritmo de la labor lo determinan las solicitudes de la EMAC. Son, insiste, “trabajadores con una capacidad instalada, la cual asumimos como no estatal”.
Al ser empleados de la empresa, añade Paneque Almaguer, “utilizan nuestra permisología porque poseemos la concesión minera”. Recalca, asimismo, que corre por cuenta de la EMAC el pago de los impuestos por el empleo del barro y el suministro de la leña, tras adquirírsela a la Empresa Forestal. Mientras, el barro se lo proveen desde las canteras certificadas de Ventorrillo, en el municipio de Las Tunas, y de Caobilla, en Jobabo.
Oscar Ayala González, director de la Empresa de Materiales de Construcción, enfatiza que como entidad productora nacional disponen también de la concesión minera para explotar el suelo, incluyendo lo concerniente a las arcillas. En su caso, especifica, en la mina de Caolín, en Manatí.
“Esa es la materia prima fundamental de los ladrillos y de la cerámica en sentido general”, afirma. Algo similar hacen en el yacimiento de El Rincón. “Estas extracciones se las comercializamos a la EMAC y a la unidad empresarial de base (UEB) Producciones Varias (Provari). En el futuro queremos ampliar la gama a los alfareros que están autorizados y hacer producciones cooperadas con ellos para bajar costos”, sentencia Ayala González.
NECESARIOS, PERO…
Tras revisar sus registros, la Dirección Provincial de Trabajo afirmó no tener una claridad exacta de si en Las Tunas se ha presentado algún proyecto de ejercicio del trabajo por cuenta propia relacionado con la minería artesanal, que sería el más adecuado para los emprendedores individuales que ahora mismo fabrican ladrillos fuera del amparo legal de las empresas estatales; aunque, sí asegura que, de existir, serían muy pocos.
Dicha realidad confirma las preocupaciones de la ORSA sobre la poca coordinación entre los implicados a fin de garantizar que toda la producción ocurra sin menoscabo de la salud e higiene ambientales. Lo que debería suceder, explica su director, es que en el otorgamiento de la licencia para la minería artesanal participen las direcciones de Trabajo, del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), y de los ministerios de Energía y Minas y de la Agricultura, este último encargado de regular el uso del suelo y de los recursos forestales; así como de la ORSA, enfocada en velar por el empleo racional de los recursos naturales.
En enero del 2024, alerta Alberto Ávila Milanés, entrará en vigor la Ley 150 Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que establece sanciones claras para quienes dañen el entorno.
Según datos oficiales, en Las Tunas la fabricación de ladrillos de barro es una faena en expansión y sobre la cual descansan las principales aspiraciones de reparar o terminar viviendas. Porque, ratifican los directivos de ese sector aquí, tal cual ocurrió en el 2022, la carencia profunda de cemento limita al mínimo la obtención de bloques de hormigón. Empero, las cifras disponibles de la cantidad de ladrillos elaborados, más de cuatro millones en lo que va de año, solo abarcarían a los fabricantes legalmente reconocidos, pues de lo hecho al margen de la ley no hay registros y las necesidades siguen siendo amplísimas.
Otros informes gubernamentales admiten que los proveedores certificados de materiales de construcción, y eso incluye a los de ladrillos, no pueden surtir como debieran las tiendas a las que acuden tuneras y tuneros que asumen por su propio esfuerzo la edificación de sus hogares.
Contradictoriamente, es ese empeño individual el más exitoso en concluir casas en esta parte del país. Por ende, hay una demanda creciente de tal elemento constructivo que estaría siendo cubierta por elaboradores fuera de toda supervisión, en menoscabo, muchas veces, de su propia salud y de la vitalidad ambiental al violar más de un protocolo.
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No descubrimos nada nuevo si decimos que los ladrillos son una de las fortalezas históricas del Balcón del Oriente Cubano. De hecho, su elaboración, y en general la cerámica roja, ya estaban allí antes de que varios de sus establecimientos tradicionales se vieran rodeados por el crecimiento desordenado de la capital provincial.
¿Es posible ordenar una actividad a todas luces crucial para el desarrollo local? Al parecer sí, y no precisamente emprendiéndola a ciegas contra los fabricantes no legalizados. Son trabajadores en ese estatus, entre otras razones, por las propias falencias de la institucionalidad, ya están entrenados en un oficio necesario y su esfuerzo suple una demanda insatisfecha.
Se requerirá de mucha inteligencia para “hornear” este “barro” con la suficiente pericia que articule desarrollo sin comprometer el futuro, pues lo que sí está claro es que no hay progreso sin la salvaguarda de la noción medioambiental.
Estudios gubernamentales fijan en ocho los sitios con las condiciones adecuadas para surtir de arcilla el programa de producción local y venta de materiales de construcción en la provincia. Además, las empresas e instituciones involucradas manifiestan su intención de ser parte de la solución, no del problema, y eso debe contemplar un punto no menos relevante: el empleo de los medios de protección por los obreros inmersos en estas lides, con tendencia a ser perniciosas. Que la garantía de ese derecho laboral sea otro sello indiscutible de la oficialidad.
Hace poco se supo, incluso, que a instancias de la Empresa Integral Agropecuaria (Agroint), en asociación con inversionistas extranjeros, toma cuerpo una iniciativa que ampliaría la capacidad instalada e industrializaría la producción de ladrillos. Concretar lo más rápido posible esos emprendimientos, junto a una labor más exhaustiva y coordinada de todos los organismos y entidades relacionados, podrían marcar la diferencia para que tengamos más de esos recursos, y con legalidad también.
