Las Tunas.- La capacitación y superación de sus especialistas, técnicos y cuadros es el comienzo para que trámites y procesos asociados al Ordenamiento Territorial y Urbanismo sean mejores en esta provincia. Así lo destacaron los representantes del instituto a cargo de esa esfera aquí, al analizar lo hecho durante el 2023, y plantear sus propósitos para el año en curso.
Hay muchas reservas y aspectos que mejorar, centrarse en el factor humano es parte de la solución para avanzar, dijeron; y eso, destacaron, requerirá de una mejor atención a las condiciones de trabajo y de emprender acciones claras de superación, incluyendo el establecimiento de especialidades y carreras afines desde las universidades.
Durante el debate, en el que tomaron parte directivos de rango nacional del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), así como de sus direcciones en todos los municipios tuneros, quedó claro que aún están latentes los efectos desagradables que tuvo sobre este colectivo el confinamiento durante la pandemia de la covid-19. La paralización de sus servicios por dos años por dicha causa retrasó los plazos previstos hacia la concreción de estrategias trazadas por el país para suprimir muchas de las ilegalidades cometidas en materia de construcciones y uso de los suelos, por solo citar dos ejemplos.
Al resumir lo hecho en el 2023, Yuritza Escalona Varela, delegada en Las Tunas de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, señaló que buscar soluciones innovadoras y elevar el uso de los canales digitales, es una prioridad de la institución. También lo son, dijo, los estudios ligados a la Tarea Vida con énfasis en qué se hará con los asentamientos costeros claramente vulnerables ante la elevación del nivel del mar como resultado del cambio climático. Similar atención se le presta, expresó, a la actualización de los planes municipales de ordenamiento territorial, algo que ya concluyeron cinco de esas demarcaciones en esta parte del Archipiélago. Sin embargo, detalló, existen en el Balcón del Oriente Cubano 72 barrios precarios o focos precarios vulnerables, la mayoría de los cuales (24) están en la capital provincial.
Escalona Varela destacó la relevancia que para el Inotu tiene proseguir la transformación digital de todos sus trámites internos, especialmente aquellos que benefician directamente a la ciudadanía. “Es nuestro propósito continuar el incremento del ancho de banda para lograr un mejor acceso a las diferentes plataformas: la de procesamiento de trámites y quejas; la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social destinada a la solicitud de carteles por los cuentapropistas; y las de compra de sellos”, aseguró. A partir de febrero, informó, esperan echar a andar la Plataforma Bienestar, tras la sincronización de los usuarios.
La autopreparación tiene que ser sistemática en perenne interacción con lo que se provea desde el instituto, expresó Yordanka Vázquez Cuñat, vicepresidenta del Inotu. Todavía, admitió, la paralización de los servicios durante dos años de pandemia se están sintiendo en las legalizaciones pendientes y enfáticamente en el cobro del uso del suelo estatal que están empleando muchas familias, especialmente en las comunidades rurales y barrios de difícil acceso. Ahora, opinó, debe pasarse a la fase de preguntarse qué falta para culminar la tarea. "Los barrios deben seguir transformándose; pero desde el apego a la legalidad existente”, enfatizó. Debe desterrarse definitivamente la complacencia en el otorgamiento de la certificación de las obras terminadas, alertó.
Por su parte, Héctor Zayas Aliaga, titular de Inspección Estatal del Inotu, hizo hincapié en la urgente organización y control de la labor de los inspectores sobre el terreno. Ellos, recalcó, son un eslabón clave para saber cómo se cumplieron las licencias o permisos otorgados. En el 2024 anticipó, el Inotu revisará a fondo el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial y urbano aprobados en todos los municipios tuneros, incluyendo el uso de los presupuestos gubernamentales para el enfrentamiento a las ilegalidades en ese sentido.
En los últimos tres años el rol del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo se vio fortalecido, primero con la aprobación a finales del 2022 y con su entrada en vigor en el 2023 de la Ley 145 Del Ordenamiento Territorial y Urbano, y la Gestión del Suelo, que entre otros aspectos por destacar reconoció la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo sostenible del suelo, y las herramientas que permiten recuperar una parte del aumento de su valor generado por la transformación urbana en beneficio del interés público.
VEA AQUÍ Ley 145/2022 “Del Ordenamiento Territorial y Urbano, y la Gestión del Suelo”
Precisamente, hacer cumplir el mencionado texto legal es otro de los puntos en los cuales colocan su mirada los representativos de esa institución en la tierra de Vicente García. Entre otras razones por que la "145” definió las pautas para la utilización óptima del espacio y dio una visión perspectiva del desarrollo, articulando las diferentes competencias que inciden sobre el territorio, con las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana.
Otra de sus novedades que ocupan al colectivo del Inotu en Las Tunas es que la ley abrió la posibilidad de construir en azoteas estatales y estableció la llamada declaración de incompatibilidad de cualquier inmueble, sea de personas naturales o jurídicas, ante futuras obras sociales o planes del Estado. También definió el valor del suelo, cuyo cálculo es factible mediante una tabla creada por el Ministerio de Finanzas y Precios.
