Lunes, 10 Septiembre 2018 06:21

Juristas sobre anteproyecto de Constitución: la clave es el equilibrio (+video e infografías)

Escrito por István Ojeda Bello
Juristas sobre anteproyecto de Constitución: la clave es el equilibrio (+video e infografías) István Ojeda Bello/Infografías: Del autor y periódico Ahora

Las Tunas.- No es fácil intentar, en medio de tantos expertos, atrapar cada criterio emitido por miembros aquí de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que se reunieron para analizar el anteproyecto de Constitución de la República de Cuba. El contacto es particularmente relevante, pues este es un gremio con un rol clave en el proceso en marcha, debido a que con sus conocimientos guían al resto de la sociedad, en el propósito de comprender el alcance del texto sometido a consulta popular.

En total presentaron más de 80 propuestas enfocadas en hacer mucho más equilibrado desde el punto de vista técnico-jurídico, de derechos, garantías y trascendencia, a lo aprobado en una primera versión por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio pasado. Ninguno de los títulos del magno documento quedó exento de su examen profundo.

Los puntos de consenso se ubicaron, por ejemplo, en modificar el Artículo 5 del Proyecto, de manera que resalte el liderazgo político del Partido Comunista de Cuba, pero nunca por encima del Estado o asumiendo tareas de administración. Solicitaron que el texto constitucional cuando se refiera a órgano de Estado incluya explícitamente a los organismos de la Administración central y el resto de sus instituciones, pues “dejar la redacción actual de estos párrafos y de muchos otros que incluye similar configuración sería como abrir una Caja de Pandora, sujeta a innumerables incidentes jurídicos que luego habría que resolver, con todas las imprecisiones y lagunas que de ello se derivaría”.

Consideraron asimismo, que la soberanía del Estado cubano no puede limitarse únicamente al área física del país, sino al ciberespacio que le es más cercano, ya que se trata de un entorno público para el intercambio de información y conocimiento, del cual este no puede permanecer ajeno como garante de los derechos de las personas y la seguridad nacional.

Sugirieron modificar el inciso a) del Artículo 11 para especificar que el territorio nacional, es “inalienable, irreductible e inviolable”, quedando así señalada la ilegalidad de la ocupación de los Estados Unidos de una parte de la provincia de Guantánamo.

¿DE QUÉ PROPIEDAD HABLAMOS?

Otros juicios confluyeron en recomendar el análisis de la pertinencia o no de distinguir entre propiedad personal y la privada, cuando un bien considerado como propiedad personal puede, llegado el caso, convertirse en fuente de plusvalía de su dueño, resultando en propiedad privada. De ahí que no descartaran la posibilidad de fusionar ambos conceptos y evitar incidentes jurídicos en el orden patrimonial y familiar que esta división de concepto traería en el futuro.

En lo concerniente al rol del Estado dentro de la economía opinaron que debe reordenarse el articulado en este campo, de manera que vaya a lo general: lo afín con la actividad de regulación y control del Estado respecto a la economía nacional, y luego a lo específico: lo tocante al sector empresarial como sujeto principal de la economía y sobre quien recae la acción de regulación y control estatal.

Finalmente, estimaron necesario precisar que la expropiación o confiscación de bienes solo puede hacerse mediante la autoridad judicial competente, pues la misma está “sujeta a reglas de garantías y debido proceso”.

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EMPEZAR POR LOS DERECHOS

En el título dedicado a los derechos y garantías individuales alertaron que los objetos de discriminación indicados son insuficientes, pronunciándose por la mención de otros como el acceso a las playas y lugares de recreo o la discriminación por capacidad económica. Compartieron el parecer de que las personas reciban asistencia jurídica para ejercer su defensa en todo momento y proponer pruebas. Mientras, se manifestaron a favor de que se refuercen las garantías al ejercicio de la libertad de movimiento de las personas y sus bienes, así como a la protección de sus datos personales y sobre sus bienes, salvo los casos prescritos por la ley. Consideraron necesario también introducir el derecho a interponer el recurso de habeas data, cuando los ciudadanos se sientan afectados por el manejo indebido de su información personal.

Sobre los deberes y en aras del adecuado equilibrio Estado-ciudadanía, al tiempo que indicaron que la Carta Magna prescriba las prácticas monopólicas por particulares o empresas o grupos de ambos,  significaron, además, que si el Estado tiene la obligación de indemnizar a quien haya sufrido acción u omisión, de acuerdo con lo establecido en la ley, también los ciudadanos deberán hacer lo mismo cuando sean ellos los responsables. Asimismo, creyeron necesaria la inclusión de un capítulo específico para las garantías normativas, con el objetivo de “evitar que la actividad de los órganos estatales, fundamentalmente el legislativo y el ejecutivo, pueda implicar un desconocimiento o vulneración de los derechos”.

En lo relativo a la estructura del Estado y sus prerrogativas, sus propuestas fueron amplias, destacándose el reclamo de que el gobernador y el vicegobernador “sean elegidos por el pueblo o sus representantes, que en este caso serían los delegados de las distintas asambleas municipales del Poder Popular de la provincia a la que pertenecería”. No faltó, incluso, la propuesta de la elección popular directa del Presidente de la República a partir de los candidatos propuestos por la Asamblea Nacional.

Del mismo modo, se adentraron en lo respectivo a la divulgación de las leyes, sugiriendo que tal cual el Proyecto de Constitución establece que la Gaceta Oficial sea el medio para dar a conocer las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos, acuerdos, resoluciones y otras disposiciones jurídicas de interés general emitidas por los órganos nacionales y demás organismos de la Administración central del Estado; en cada territorio exista un Boletín Oficial que daría a conocer los acuerdos, resoluciones y demás disposiciones jurídicas de interés general emitidas por los órganos provinciales, municipales y demás instituciones del Estado a ese nivel.

Tuvieron tiempo para enfatizar que la nueva Carta Magna delimite claramente que los dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo solo son aplicables en ámbito de los tribunales, a fin de evitar que emita disposiciones que salgan de su rango de actuación y sean vinculantes para otras instituciones a sabiendas de que este órgano no tiene potestad legislativa sino judicial.

Se extendieron hasta sugerir la creación de la Defensoría del Pueblo como órgano del Estado, autónomo con jurisdicción nacional, cuyo cometido sería “la protección, tutela, vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales suscritos por la República”.

No olvidaron tampoco enfatizar que el documento presentado refuerce la necesidad de la protección del medio ambiente, más allá del marco estrecho de los recursos naturales, proponiendo la obligatoriedad no solo para el Estado, sino para empresas extranjeras y el sector privado, de que trabajen por garantizar un desarrollo sostenible.

FRENTE AL DILEMA ÉTICO

Quizás haya pocos gremios como este en el que toman un cariz particular las opiniones personales de sus miembros sobre las modificaciones a la definición de matrimonio propuestas en el Artículo 68 del anteproyecto de Constitución. Alrededor del tema, tal cual ocurre con el resto de la sociedad, no hubo unanimidad. Para evitar que juicios culturales individuales afecten la lucidez con que estos profesionales del derecho interpretan el asunto, sería menester que tal cual ocurrió en este intercambio, prime el ángulo puramente técnico y jurídico, ya que es una cuestión que compete, ante todo, derechos como la igualdad y la no discriminación.

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