Las Tunas.- Yoel fue un paciente que entró con 5 años de edad, y con los talleres protegidos, que no es más que el derecho que tienen sus tutores legales a retirarlos del centro. Se le firmó la documentación necesaria que le permite obtener un trabajo e incorporarse a la sociedad, siempre bajo la supervisión de un guía.
“Él estuvo aquí por más de 25 años, un niño que tenía retraso mental moderado con una epilepsia añadida y, sin embargo, hoy trabaja, se casó, formó su propia familia y vive en Holguín”.
Esta breve historia llega a 26 de la voz del doctor Armando Juan Montero Avilés, director del centro médico psicopedagógico Calixto Sarduy Arcia, ubicado en la cabecera provincial y que muchos conocen como “hogar de impedidos”. Las Tunas fue el segundo territorio en el país que tuvo un recinto de este tipo y, por eso, entre los ingresados hay provenientes de otras provincias.
Su objeto social es la atención a pacientes con discapacidad intelectual severa y profunda o discapacidad físicomotora. Uno de sus mayores propósitos es la asistencia médica, rehabilitación e incorporación, en un futuro, a la vida social.
“Aquí tenemos a 'niños' con más de 40 años en la institución, y sabemos que realmente no lo son, pero los llamamos así por el amor que les tenemos, por la inocencia que representan. Son pacientes y estamos conscientes de eso. Los grupos etarios que mayormente predominan están entre los 25 y 49 años.
“Sentimos la satisfacción plena de trabajar con ellos. Muchos vinieron sin poder caminar ni hablar y aquí han logrado socializar gracias al equipo de rehabilitación que desarrolla el potencial de cada cual y los vincula con diferentes actividades de la cotidianidad”.
¿Y LA FAMILIA?
Para ingresar a esta entidad los casos pasan por una comisión médica. Cuando son aprobados se hace historia social, la que recoge los datos generales, incluyendo si tiene padre, madre o algún tutor legal.
“Gracias al nuevo Código de las Familias decidimos visitar a los familiares de quienes viven en la provincia, no para notificarles que están aquí, sino para acercarlos a todo lo que hacemos, que les den el apoyo que necesitan.
“Desgraciadamente hay parientes que se han ausentado, antes acudían más; sabemos que en eso también influye la situación económica, en especial, el transporte. Para dar una solución, a partir del quehacer de los trabajadores sociales de los municipios, logramos reestructurar el consejo de padres, que ellos entiendan la importancia de realizar las reuniones establecidas en el Manual de Procedimiento; deben efectuarse una vez al año y ahora las hacemos cada seis meses”, continúa Montero Avilés.
El personal del centro se enfrenta diariamente al hecho de que muchos progenitores se niegan a formar parte de la vida de sus hijos internados, consideran que, al estar en una instalación de esta naturaleza, pueden despojarse por completo de sus deberes. Y sí, este sitio, como instancia del Estado, no los desamparará, pero no sustituye los deberes parentales, sin contar el beneficio que para la calidad de vida de los pacientes implica esa comunicación afectiva.
“En la faena que impulsamos para la integración social destacan los psicopedagogos, quienes consiguen que algunos de los que no poseen las habilidades básicas como, por ejemplo, cepillarse los dientes, sean capaces de asumir actividades del día a día, a través del ABC que se les enseña lavar, peinarse, colocarse el uniforme, comer…
“Sus aprendizajes son evidentes y pueden tener avances considerables, siempre velando por su interés superior, si el amor del hogar de donde provienen está cerca. Ese es mi llamado”, concluye el doctor.
El proceso de rehabilitación ha incluido en los últimos tiempos el rescate del huerto y cada postura en fomento habla, desde su verdor, del afán de crecer de estos especiales labriegos.
¿Y LOS DERECHOS?
Marina Pereira Martínez, abogada de la Delegación de Bufetes Colectivos Las Tunas, es una de las profesionales, desde esta instancia legal, que más profundiza en su ejercicio diario en lo relacionado con la atención a personas en situación de discapacidad, cuyo tratamiento más detallado fue una de las novedades aportadas por el Código de las Familias.
“En Cuba, desde los inicios del proceso revolucionario, se ha buscado la plena integración social de los ciudadanos con deficiencias físicas o mentales, y es el 'derecho' el regulador de estas situaciones sociales.
“Teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución de la República, se ha elaborado todo un cuerpo legal para amparar a este sector de la población, que va desde las políticas sociales, económicas y laborales hasta las restantes leyes de desarrollo que las complementan.
“Para hablar sobre los amparos existentes debemos analizar lo regulado en la Carta Magna, que da plena vigencia al principio de igualdad. Está refrendado en el Título 5 de derechos, deberes y garantías del Capítulo 1, en el que se establece que todas las personas son iguales ante la Ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición o circunstancia.
“Este derecho se complementa en nuestro Código de las Familias de una manera novedosa, porque aparece por primera vez un título dedicado a quienes viven en situación de discapacidad”.
Para que se cumpla lo que establecen estas dos normas jurídicas, debe existir una correlación entre el Estado y la familia, en pos de garantizar la protección de las personas con capacidades diferentes que las hacen merecedoras de un tratamiento jurídico diferenciado. Tienen derecho a una vida familiar digna y a ser incluidas en la estructura comunitaria y social.
“Además, se les reconoce el derecho a una vida independiente, sin injerencia de otros que quieran dirigir, llevar y decidir por ellas. Asimismo, poseen el derecho a la habilitación y la rehabilitación, y el código recoge también sus derechos sexuales y reproductivos.
“Hace referencia, especialmente, al deber de las familias aun cuando ese individuo esté internado en una institución estatal. Los tutores legales deben preocuparse, por su salud en caso de ser hospitalizados; mantener ese vínculo, una comunicación sistemática, y procurarles atención afectiva”, remarca Pereira Martínez.
"En estas dinámicas y aclaraciones vitales, no se descuida el rol del Estado y de las entidades sociales en la educación y promoción de tales derechos, pero la Ley es más que precisa en definir responsablidades en su lenguaje legal, que bien podemos traducir: 'Familia, no puedes olvidarte de los tuyos, les haces falta, te necesitan'".
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En las múltiples vivencias que acumula el centro médico psicopedagógico tunero en sus cuatro décadas de existencia, nombres como el de Fernando, que ya volvió a su casa en Manatí o Juan Emilio, en Jobabo, son sonrisas de victoria al verlos activos en la vorágine social, reflejos de lo que logra el empeño y el amor. Aquí, decir triunfo lo mismo es ponerse bien los zapatos que encontrar trabajo, o el beso de mamá o papá no tan esporádico y frío.
