Las Tunas.- A partir de la aprobación de la estrategia de desarrollo local y en respuesta a la Ordenanza Número 1, el municipio de Puerto Padre, de la provincia de Las Tunas, trabaja para dinamizar su entorno sociocultural e impulsar proyectos que cuenten con una dimensión productiva.
Fidel Cano Cicilia, director del grupo gubernamental de Desarrollo Local en ese norteño territorio, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que en estos momentos se labora en 15 proyectos que por su dimensión productiva posibilitarán la generación de nuevos empleos, productos y servicios, y darán respuesta al encadenamiento.
Entre los ejemplos positivos destaca la cooperativa de créditos y servicios Elpidio Sosa, en Vázquez, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Puerto Padre, donde ya existe una minindustria para la fabricación de materiales de construcción y un burén para la elaboración de casabe.
Cano Cicilia precisó, además, que las esperanzas están puestas en la materialización de un gran proyecto que convierta la playa El Socucho, el cayo Zara la Fita, el cayo Puerco y la bahía Azul en un entorno dinámico, económico y productivo que transforme la realidad de cada uno de estos sitios, reconocidos por el alto valor medioambiental que poseen.
Puerto Padre tiene potencialidades para culminar el actual calendario con más de 50 proyectos aprobados, subrayó, todos encauzados a la máxima prioridad que es la producción y comercialización de alimentos y con la mira puesta en convertirse en un municipio resiliente.
En alianza con la implementación de la Ordenanza Número 1, aprobada en septiembre del 2020 por el Gobierno de Puerto Padre e identificada como la primera de Cuba desde que se instituyó la Ley 132, el programa de desarrollo local también apoya la creación de un bulevar en la zona del malecón.
El muelle, entre los principales atractivos del bulevar, contará con un financiamiento de 10 millones de pesos, y aunque las actuales circunstancias no sean las más favorables para su materialización, se trabaja en este sueño al considerarse un asunto que incide en la vida económica y social del territorio, tal como dicta la ordenanza en coherencia con la Ley 132.
La legislación recoge las principales cuestiones de organización y funciones de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares y fue aprobada en diciembre del 2019.
