Las Tunas.- En la conciencia de que todavía hay mucho por estudiar, porque desde ese aprendizaje se podrá explicar mejor, los juristas de esta provincia del oriente cubano coinciden en que el anteproyecto del Código de las Familias es un paso hacia la conquista de todos los derechos para todas las personas, también en el ámbito familiar, siempre sobre la base de un concepto novedoso: decidir desde lo razonable.
LEGISLAR PARA LO EXISTENTE
Desde su experiencia, tras haber ejercido por varias décadas como fiscal, la licenciada ya ahora acogida a la jubilación Bárbara Artiles Nodarse concuerda en que disímiles conflictos familiares actuales podrán dirimirse mucho mejor con las pautas propuestas en el nuevo texto.
“El Código de 1975 con sus modificaciones, afirma, fue un hito en su momento para Cuba y América Latina”. Sin embargo, acota que a menudo solo invocando el interés superior de los infantes es que pueden hoy solucionarse cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar. De aprobarse este anteproyecto, asevera, habría caminos más expeditos. “No hay nada como tenerlo en la Ley”, insiste. Otro asunto relevante es el equilibrio que establece entre los afectos y las relaciones de consanguinidad. “Eso tiene un valor extraordinario. Además, este Código desarrolla derechos que ya están consagrados en nuestra Constitución”, expresa.
“El derecho no se impone, es una cuestión que socialmente ya está sucediendo; y entonces las normas tratan de darles una solución a esos conflictos en desarrollo”, recalca la licenciada Anays Martínez Díaz.
La también profesora de la Universidad de Las Tunas hace hincapié en que este texto sometido a consulta es un “anteproyecto de cambio, de adaptación a la realidad; de solucionar conflictos que se están dando en la sociedad. Es un código adaptado plenamente a nuestra realidad social”.
Sergio Vargas Esperance, titular de la Unión de Juristas de Cuba en nuestra provincia, vive convencido de que estamos frente a una propuesta que le plantea al gremio varios desafíos.
“El reto, dice, es mayúsculo. ¿Por qué motivo? Porque todo eso transita por un conocimiento de los operadores del Derecho. Por la capacidad que tenga, por ejemplo, el notario, para advertir cuando están haciendo un pacto matrimonial y ese posible acuerdo podría ir en contra de los intereses del niño o del interés público familiar. Hay cuestiones que puede recoger la norma y hay otras que están en la sapiencia de los juristas, en su capacidad, inteligencia, perseverancia, en su estudio.
“Para los abogados, advierte, será semejante. Ellos representan los intereses de los ciudadanos. Si vamos a hablar de las personas vulnerables, más importante todavía, en el sentido de identificar en la entrevista que tenga con su cliente o usuario, cuáles son las cuestiones que puede rescatar para incorporarla en la demanda presentada al tribunal.
“En la fiscalía igual, indica Vargas Esperance, si se incorpora como mediador o si tiene como función velar por los intereses del niño o por la protección de los derechos de las personas vulnerables. Eso parte mucho, en primer lugar, de la habilidad de entender, de empatía, de autopreparación y superación profesional para conocer cómo se manejan determinados temas, incluso, desde el punto de vista del Derecho Internacional, del Derecho comparado con otras situaciones, en el Derecho anterior histórico en el tratamiento de una determinada actitud en nuestro país.
“Los tribunales, asegura, tendrán más responsabilidad, que exigirá de los jueces más capacidades y visión multidisciplinaria. Aquí el Derecho, explica, no es absoluto, el jurista no es el único que entra. Él, como conductor del proceso, tiene que tener la luz y la capacidad para ver cómo esas ciencias afines pueden dotar al Derecho y al proceso legal de una mayor fortaleza para, en definitiva, llegar a la verdad y lograr con ello una mejor justicia”.
SER RAZONABLEMENTE JUSTOS
Todos se detienen en un concepto que trasciende al Código y es el de la razonabilidad de las decisiones que se busca propiciar con este anteproyecto. Esa razonabilidad, según han explicado representantes del grupo de expertos que elaboró el texto, supone ir hacia la solución de los conflictos en el entorno familiar asentados en la búsqueda del equilibrio y la justicia que no siempre se logra desde la racionalidad, especialmente cuando les toca decidir estas cuestiones a las autoridades administrativas, como las migratorias, de Salud o Educación.
“Es importante, manifiesta la licenciada Artiles Nodarse, valorar ante qué familia estamos; qué es lo más significativo para ese entorno. Este es un Código hecho para dentro de la familia y debe valorarse lo conveniente en ese ámbito. Es lo que el operador del Derecho y el juez han de tener en cuenta. Debemos ser valientes, poseer entereza, respaldados por el conocimiento y la sensibilidad. Eso es medular”.
“A cada caso debe dársele un tratamiento independiente”, considera la profesora Martínez Díaz: “La Ley te puede dar direcciones; pero a la hora de analizar la situación en particular es importante esa razonabilidad. Sin temer a la decisión que se va a tomar, siempre que considere que es la correcta. Este Código le da la posibilidad a los operadores del Derecho de utilizar esa razonabilidad que ahora es imposible, porque la Ley actual es más estricta. Este es un Código inclusivo y que les está dando instrumentos para llevar a cabo un Derecho más razonable”.
“Es vital entender que el Derecho no es derecho positivo, no es norma”, concluye Sergio: “El Derecho es mucho más que eso. No es un libro, una hoja, un artículo. Para aplicarlo y para interpretarlo a cabalidad tiene que verse en su función tridimensional. Además de norma es principio, es valores. Por eso, requerirá de un alto grado de preparación, sensibilidad y sentido común, teniendo siempre como brújula el interés superior del niño y la protección del orden público familiar. Esa es clave”.
